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EDITORIAL
El irresponsable riesgo para Chixoy
Aunque la turba que ocupó las instalaciones de la hidroeléctrica Chixoy se retiró durante el transcurso de ayer, el hecho de la ocupación tiene una gravedad que debe ser analizada tanto por el Gobierno como por las demás instituciones nacionales, a causa de las consecuencias negativas que pudo haber tenido el hecho de que las cosas se salieran de control.
La hidroeléctrica de Chixoy es el complejo energético más importante del país, al generar la tercera parte de la energía. Paralizarlo o afectar parcialmente su producción no solamente provoca pérdidas inmediatas, sino que éstas pueden ser inmensas si es que se causa cualquier daño a las instalaciones, generadores o al túnel.
Los invasores demostraron una irresponsabilidad sin precedentes y por ello es necesario actuar para que, en defensa de los intereses nacionales, no de un sector o del Gobierno, se eviten nuevas provocaciones.
El hecho obliga a pensar en la cada vez más segura posibilidad de que las últimas acciones ilegales con participación de grandes grupos de personas sean parte de un plan. Es imposible que en un corto lapso hayan ocurrido las ocupaciones encabezadas por Andrés Girón, la tragedia de la finca Nueva Linda, la invasión de dos fincas del Ejército en Poptún, Petén, las protestas contra el alcalde de esa localidad y ahora la ocupación de Chixoy.
No se puede dejar de pensar en la presencia de gente armada de fusiles de asalto en Nueva Linda y que gente extranjera, supuestamente perteneciente a organizaciones no gubernamentales, haya participado en la ocupación de Chixoy, que incluyó la toma como rehenes de dos trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación.
Un país no puede funcionar si consistentemente está sufriendo esa clase de acciones ilegales. Los problemas sociales no se arreglan así, y además los grupos que son convencidos de actuar fuera de la ley se convierten en sus propios verdugos, porque nadie, ya sea nacional o extranjero, se decidirá a invertir o a reinvertir, si su dinero se encuentra con esos altísimos niveles de riesgo, que se agregan a los causados por la inseguridad personal y la violencia.
Ante esta situación, las personas que de alguna manera ejercen influencia o liderazgo sociales, tienen la obligación moral de no atizar el fuego y de conocer todos los puntos de vista antes de emitir opinión.
En el caso de Chixoy, la amenaza de dejar sin luz todo el sur del país como protesta por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron en la década de 1970, es un error porque el apoyo y simpatía populares a esa causa se pierde de inmediato, al identificar esa presión como un auténtico chantaje que es rechazado de tajo por todos.
Normalmente, los gobiernos tienden a calificar de planes de desestabilización a las acciones de protesta. Pero esta vez la posibilidad aumenta cada vez más ante las evidencias. Los dirigentes campesinos e indígenas deben dejar de ser arrastrados por personas con otras agendas, que se aprovechan para sus fines de las necesidades y problemas reales de la población mayoritaria. Por milagro no ocurrió nada, pero arriesgarse de nuevo es aún más irresponsable.
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Q 7.62134