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EDITORIAL
Nuevo motivo de desconfianza
No es necesario analizar demasiado el acuerdo gubernativo llamado de libre acceso a la información para darse cuenta de que se trata de una acción del actual régimen en respuesta a las presiones sociales a favor de la transparencia, pero que en el fondo no aporta nada nuevo para arreglar un problema cuya solución es fundamental para lleva un poco de oxígeno a la manera como el sistema democrático es percibido por la población.
Toda norma necesita llenar el principio básico de cuáles son los castigos para aquellas personas que incumplen sus preceptos. Si no hay castigo, el instrumento legal se convierte en una simple sugerencia.
En algunos casos se puede explicar, como en el de la prohibición a fumar en determinados lugares. Ciertamente no tiene sanciones, porque su finalidad real es desmotivar un mal hábito, pero no es el mismo caso cuando se trata de temas como la transparencia, así como la información sobre actos gubernativos.
El acuerdo hoy comentado se limita a que quien no lo cumpla debe rendir cuentas de acuerdo con la Ley de Servicio Civil. Ese resultado, en realidad, no justifica todos los trabajos previos realizados para darle forma a un instrumento legal que al ser anunciado, despertó el entusiasmo de varias entidades naciones e internacionales, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa y la Organización de los Estados Americanos.
Motivados por las declaraciones oficiales iniciales al respecto de este tema, estas entidades y algunas nacionales, así como comentaristas locales, se apresuraron a aplaudir el que parecía ser un deseo sincero del Gobierno para poner orden en un campo como la información de la totalidad de las actividades oficiales, tema que durante tanto tiempo ha sido considerado por muchos como una decisión peligrosa.
Se impone, entonces, la necesidad de exigir a las autoridades, encabezadas por el presidente Óscar Berger, a no caer en el error de presentar un acuerdo que al ser analizado demuestra tener una lamentable debilidad acompañada de una permisividad que lo hace ser, en realidad, más de lo ya existente. Por esa razón, su efectividad no parece tener posibilidades reales.
La información transparente, sin cortapisas, es un derecho ciudadano. Por definición, quienes tienen en sus manos la conducción de los asuntos públicos están interesados en que no se informe con independencia acerca de la totalidad de sus actos. Incluso cuando no hay corrupción, existe una idea compartida por muchos para justificar la secretividad total.
Por eso, se cumplen los peores temores ciudadanos cuando resulta inoperante una normativa que ha despertado la esperanza de que por fin haya un esfuerzo constante por llevar claridad y así mitigar las dudas de los diversos sectores.
El más alto nivel político del país tiene la obligación de analizar esta medida desde la perspectiva de los ciudadanos, para comprender la urgencia de hacerle cambios fundamentales. Como se encuentra, después de haberse omitido los castigos a quienes resulten culpables, no se puede esperar que el prestigio del gobierno actual no sufra mayor menoscabo.
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Q 7.62134