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EDITORIAL
Dinero extranjero y política nacional
Las declaraciones hechas la semana pasada por el vicepresidente ejecutivo de la empresa Millicom, obligan a que sea ventilado públicamente en Guatemala uno de los temas más controversiales en el mundo actual, como lo es la participación de las empresas internacionales en el financiamiento de campañas políticas de terceros países y, peor aún, el pago de dinero a funcionarios a cambio de favores.
Los pagos hechos por Millicom por medio de cheques millonarios en dólares cobrados luego por gente relacionada en forma muy cercana al entonces candidato y luego presidente, Alfonso Portillo, alcanzan connotaciones vergonzosas y hasta ilegales en cualquier parte del mundo civilizado, precisamente para evitar la compra de voluntades.
Este verdadero escándalo político deja al descubierto que en nuestro país es más que urgente reformar tanto la Ley Electoral y de Partidos Políticos, como la de Probidad de Funcionarios Públicos, e incluso el Código Penal, que necesariamente debiera castigar el delito de enriquecimiento ilícito, una figura que en Guatemala es sinónimo de impunidad.
Por esa causa llama la atención la poca cobertura que le han otorgado a este caso las agencias internacionales de noticias, que poco o nada han informado al mundo sobre todo lo relacionado con los pagos dudosos realizados por la empresa multinacional a políticos y/o funcionarios guatemaltecos. El asunto cada vez más se parece a lo ocurrido en Costa Rica, donde las autoridades locales investigan la participación de ex presidentes en casos similares, con el agregado de que las sumas son mucho menores.
El caso Millicom-Comcel abre numerosas interrogantes, algunas de ellas investigadas en Guatemala. Pero las más grandes se refieren al ya mencionado campo de la intervención de empresas extranjeras en la política.
En el mundo actual, cada vez es más aceptada la noción de que los empresarios constituyen el gremio al que se debe recurrir para lograr la solución de muchos de los problemas de la corrupción fomentada por los políticos. Pero se evidencia que esa noción es muy débil y por ello se justifican las críticas a esta participación empresarial en la política.
Debido al evidente embrollo del caso Comcel y sus “donaciones” con motivos políticos, se crean dudas sobre todo lo sucedido luego de que se giraron los cheques cuyos fondos fueron a parar a cuentas de Julio Girón y César Medina, dos nombres que son investigados en Guatemala, Panamá y Miami, junto a los de otros ex funcionarios del FRG encabezados por el propio Portillo.
Todo esto obliga a una investigación profunda del Ministerio Público para determinar con precisión el destino de ese dinero y la verdadera causa para que se hicieran los pagos.
Estamos ante una situación más complicada que el simple hecho de financiar una campaña electoral. Ojalá que se aprenda de esta nueva lección que nos confirma que nuestra legislación es débil y debe reformarse con carácter urgente.
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Q 7.62134