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EDITORIAL
La inaceptable intromisión política
Todavía queda mucho por comentar acerca de las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la empresa sueca Millicom, relacionada con Comcel y, por lo tanto, con el escándalo político causado por la confesión pública de ese ejecutivo de los motivos por los que emitieron cheques al portador por valor de varios millones de dólares que luego fueron cobrados por Julio Girón y por César Medina Farfán, ambos muy afines a Alfonso Portillo.
Es suficientemente preocupante que una empresa internacional otorgue “donativos” como los mencionados. El asunto adquiere visos de un escándalo internacional cuando luego afirma, a través de un ejecutivo de primera línea, no haber tenido ninguna segunda intención; asegura que al igual que el millón de guatemaltecos que votó por Portillo, Millicom se equivocó al considerar que sería un buen presidente, y confiesa que el dinero fue otorgado porque el gobierno anterior había emitido una ley que esa empresa consideraba injusta y que por ello no le gustaba.
Asumiendo que en verdad esa ley fuera injusta, o discriminatoria, Millicom debería haber utilizado los mecanismos dentro de la ley para arreglar ese asunto. Pero en vez de ello, sus ejecutivos decidieron irse por el camino fácil de la corrupción, lo cual pone en el tapete el tema de la intromisión de las empresas foráneas en asuntos de política nacional.
Por aparte, la suma de casi US$4 millones otorgados a políticos guatemaltecos o personas cercanas a ellos, es enorme en cualquier parte del mundo. Es difícil creer que una compañía seria se hubiera decidido a hacer eso, pero más aún que no haya pensado que el asunto iba a ser descubierto y su prestigio sufriera un deterioro enorme en Guatemala, en su país de origen y en donde tiene negocios.
El caso Millicom-Comcel afecta a la inversión extranjera en países necesitados de dineros foráneos para avanzar hacia su desarrollo, pero también pone en evidencia que la llegada de estas empresas no es una panacea ni es una seguridad de acciones correctas.
En Guatemala no existe el delito de enriquecimiento ilícito, lo cual nos coloca en el lugar de un país subdesarrollado, pero en algunos de los países occidentales más importantes no es permitido hacer en el extranjero maniobras ilegales en los países de origen de las empresas, criterio que es correcto.
Además de investigar lo ocurrido, Guatemala tiene la obligación de revisar las condiciones en que se realizan las operaciones con empresas extranjeras. El capital foráneo es necesario para el desarrollo, pero ello no es motivo para creer que la totalidad de las inversiones están hechas en forma transparente y con uno o muchos motivos que no pueden salir a luz sin provocar escándalos.
Más allá de que ocurra aquí, donde por desgracia existe la posibilidad de que otra vez todo pase sin ninguna reacción, el asunto más importante es enviar el mensaje siguiente: pese a ser Guatemala un país tercermundista, ya no se puede mantener el vicio del pasado por el cual quedaban ocultas las inaceptables maniobras extranjeras de intromisión política.
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Q 7.62134