PERSPECTIVAS
Crisis de autoridad, crisis de convivencia
La necesidad de la autoridad y las normas
Por: Renzo Lautaro Rosal

Tengo a bien circular diariamente por la calzada Roosevelt, y para distraerme un poco en mis largos recorridos observo una serie de fenómenos de diverso orden que transforman esta importante vía en un laboratorio permanente de sociología urbana, de estudio del Derecho y de la ciencia política (poder, autoridad, institucionalidad).

Por ejemplo, veo con preocupación que los guatemaltecos, cada vez más, caracterizamos nuestro actuar cotidiano por la prepotencia y la continua arbitrariedad.

Parafraseando al darwinismo, el objetivo de muchos guatemaltecos consiste en la sobrevivencia de los más “astutos”, de los que logran librar cuanto obstáculo se les presente.

Estas personas apuestan por la anarquía, por la lucha contra la autoridad, sea esta personificada en los pocos agentes municipales de tránsito que creen que el silbato y el movimiento de los brazos son suficientes para librar las hordas vehiculares, o bien, haciendo caso omiso de los semáforos, que no son más que instrumentos al servicio del orden citadino.

Ahora bien, mi preocupación específica se refiere no solamente al abusivo actuar generalizado de los pilotos automovilísticos, sino al rol que asumen las instituciones que algo tienen que ver con la regulación de estas arterias de tránsito.

Los agentes de tránsito se convierten en los principales “reguladores” de la circulación, pero buena parte de sus decisiones las realizan al margen de las reglamentaciones, al margen de la legalidad.

Se basan en decisiones unipersonales, que poco o nada contribuyen para solucionar el problema al que se enfrentan. Su poder está por encima del mandato de la institución a la que representan.

La institucionalidad, por lo tanto, queda en segundo plano; está supeditada a las decisiones improvisadas de individuos, que además de todo abusan de este ejercicio de poder y fomentan un mayor desorden. La autoridad y las normas pierden sentido.

Los semáforos quedan atrás, su efecto regulador pierde sentido (cuando éste está en rojo, los agentes dejan pasar vehículos; cuando está en verde, el individuo revestido de “autoridad” señala alto); el problema da lugar al caos.

Las respuestas de los usuarios no se hacen esperar. Sin embargo, los señalamientos en contra de la actuación de estos agentes se enfocan en las instituciones, y no en el actuar individual.

El marco institucional es el que se afecta, el que pierde control, el que pierde credibilidad.

Lo que sucede en las principales vías de comunicación de la capital, se traslada a otros planos con el mismo mensaje: la autoridad se ejerce en forma arbitraria, las reglas del juego se prestan a la arbitrariedad de quienes las tienen en sus manos, las propias instituciones no cumplen con la función primordial de educar a la población.

El estado de Derecho se encuentra en condiciones precarias, y en tal sentido a expensas de sectores que se aprovechan de esta anarquía para imponer sus propias lógicas, sus propios objetivos.

El mejoramiento de nuestras condiciones de vida requiere, necesariamente, que aprendamos a vivir en sociedad, a reconocer que la autoridad, las normas y las reglas son fundamentales para regular el actuar en colectividad.

El Estado y sus instituciones deben ser los principales portadores de este proceso formativo; sus integrantes deben ser portadores de este mandato común, pero en ningún caso hacedores de interpretaciones propias y antojadizas.