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HORIZONTES Más conflictividad
Tanto va el cántaro al agua
Por:
Francisco Beltranena.
No hay hoy en día,practicamente en ningún campo de la vida social, política y económica de Guatemala en la que no esté presente la conflictividad.
No escapan de ella los partidos políticos, el sector privado organizado, las empresas extranjeras que invierten en Guatemala, la Iglesia Católica, el Gobierno de la República, el liderazgo de la denominada sociedad civil, los medios de comunicación, los políticos, las bandas de crimen organizado, los mareros, los militares, los policías, los transportistas de combustibles, los transportistas extraurbanos de pasajeros, las municipalidades colindantes, los terratenientes, los vecinos de colonias y otros muchos que, por no mencionarlos, son víctimas o actores de procesos donde la conflictividad es dominante.
Surgen ahora las bandas armadas —como la que operó el domingo en el camino de Santiago Atitlán— las que al mejor estilo de los paramilitares de Colombia comienzan a tomar la justicia por sus propias manos.
Y para poner la guinda en el pastel, las consultas populares ilegales se comienzan a convertir en el preludio de condiciones que evocan Bolivia.
En dos platos: somos todos y todas víctimas de una conflictividad que no parece tener fin ni solución en el corto plazo.
Una organización, un procedimiento político, una norma jurídica, son dispositivos para mantener el orden, resolver disputas, elegir líderes dotados de autoridad, todo con el fin de promover el orden político en la comunidad de fuerzas sociales.
Cuando el conflicto social no existe, las instituciones son innecesarias; cuando hay ausencia total de armonía, son imposibles.
Es necesario, que exista cierta compatibilidad de intereses entre los componentes de la sociedad civil —un proyecto o visión nacional— o al menos un modelo acordado para resolver el conflicto.
Consensus juris y utilitatis commnunio son dos aspectos de la comunidad política. Pero lo es también la institucionalización de los organismos y procedimientos políticos, y de las normas jurídicas.
El grado de institucionalización se manifiesta en el carácter asociativo de la sociedad y en las actitudes y las pautas de conducta que respaldan las asociaciones.
Una comunidad política no se levanta sobre un solo tipo de asociación, sino sobre muchas, que deben regularizarse, estabilizarse y llegar a ser permanentes.
Afianzar una asociación para que se convierta en una institución política, no sólo requiere del consenso moral; ha de reflejar algún grado de interés mutuo.
Como consecuencia del consenso moral y el interés mutuo, las organizaciones, los procedimientos y las normas jurídicas pueden convertirse en instituciones.
A la larga, las instituciones políticas son una manifestación conductual del consenso moral y de los intereses mutuos.
Hoy al tenor de lo supuestamente preceptuado por el Convenio 169 de OIT, son las comunidades de los departamentos las que intentan imponer un candado a las ínfimas capacidades de un débil Estado guatemalteco el que no va a poder encontrar la fórmula para salir del desarrollo.
Hoy ya no importa si lo que se bloquea es una mina de oro o si es una, dos o tres hidroeléctricas que nos ayudarían a salir de la dependencia que de los derivados del petróleo tenemos para la producción de energía eléctrica.
Pero lo que es peor aún es que la autollamada sociedad civil que se abroga el derecho de representación de la sociedad, en un plan estratégico muy diseñado, ejecuta paso a paso los planes de campaña con los que esperan someter al Estado de Guatemala a su dominación.
Muchos de ellos no lo lograron por las armas y en su incansable intento por el poder, no les importa pasar por encima de los intereses de todos bajo la excusa que lo hacen en beneficio de todos.
Dice el viejo refrán que “tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe”.
La situación institucional es tan precaria que no sería de extrañar que pronto se rompa la pita por el lado más débil.
¡Hasta la próxima!
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