TIEMPO Y DESTINO
Gobierno, IGSS y la compra de genéricos
Es necesario estudiar lo que sucede en el IGSS
Por: Luis Morales Chúa

Los grandes compradores oficiales de medicinas en Guatemala son los ministerios de Salud Pública y Defensa Nacional, más el Instituto de Seguridad Social.

Invierten miles de millones de quetzales en esos productos, poco en proporción a las necesidades de la población enferma; pero suficiente para desatar una batalla feroz entre algunos vendedores de medicamentos, sus agentes y los infaltables cabilderos.

Y me gustaría saber por qué en las juntas de calificación, representantes del IGSS y del Ministerio de la Defensa Nacional, más tres diputados que no tienen pito que tocar en esos negocios, han inclinado la balanza en favor de fármacos caros y no de los baratos, cuando el Gobierno mismo vota en favor de los medicamentos genéricos.

Pero, lo que me interesa es el IGSS, actualmente en crisis como consecuencia de los desfalcos cometidos por miembros de una junta directiva pasada que, en pandilla, sustrajeron más de más Q300 millones, que no han sido recuperados.

Si el IGSS se derrumba, como desearían los interesados en destruirlo, para después comprarlo o venderlo, millones de enfermos serían perjudicados, especialmente ancianos debilitados, que no tienen dinero para buscar asistencia médica privada.

La austeridad implantada en el instituto, para atenuar daños causados por los desfalcadores, llega a límites insoportables tanto para pacientes como para médicos, quienes ven limitados sus esfuerzos por curar a trabajadores activos y jubilados.

El personal administrativo programa citas a seis o siete mes plazo —tiempo suficiente para morir diez veces—; hay que llegar dos y tres días en solicitud de medicinas y, generalmente, en las farmacias del IGSS responden que no tienen en existencia.

Debería entonces comprar medicinas baratas y seguras; pero, en lugar de eso, suprime numerosos medicamentos de las listas tradicionales, reduce la cantidad a entregar y todo el sistema entra en crisis, sin que médicos ni pacientes tengan culpa de ello.

En tales circunstancias los medicamentos genéricos podrían ser parte de la solución; pero, pero, el afán de obtener ganancias por parte de algunos vendedores de medicinas produce un impactante choque de intereses y el IGSS debería tomar, al menos temporalmente, posición en favor de los genéricos.

Esta vez, sin embargo, su representante, apoyado por el del Ministerio de la Defensa, en las juntas de calificación —cada una integrada por tres miembros— se ha colocado al lado de las compañías transnacionales, y respaldado procedimientos inusuales como cambiar sorpresivamente las bases de licitación y exigir a representantes de genéricos presentar ofertas en 24 horas —algo casi imposible, porque ello incluye documentos originales, certificaciones de buenas prácticas manufactureras, pases de ley, intervención escrita de los consulados, presentación de muestras, certificación de registro sanitario, etcétera—; en cambio, a representantes de las empresas transnacionales se les da un plazo de hasta 120 días.

¿Qué hay detrás de todas esas cosas? Pregunta ésta que debe ser respondida por las comisiones de Transparencia y Derechos Humanos, del Congreso de la República; el Comisionado para la Transparencia del Organismo Ejecutivo; el Ministerio Público, encargado de la persecución penal; el Colegio de Médicos y Cirujanos y las personas y organizaciones que dicen luchar contra la corrupción oficial, a menos que esto sea del diente al labio.

Porque algo huele mal, en momentos en que la subgerenta financiera del IGSS, Ana Lucrecia Reyes, en un gesto de dignidad, renuncia al cargo asqueada por la corrupción que, según ella, continúa en el citado instituto.

Y una pregunta final: ¿quién se beneficiará con Q400 millones de sobreprecio, si las cosas siguen como hasta ahora?