COLABORACIÓN
¿Pagar más por voto?
La idea de aumentar la cuota por voto electoral válido resulta controvertida. Unos dicen que no es el momento de hacer una propuesta de esa naturaleza; otros afirman que es saludable para los partidos

Hay propuestas de mal gusto

Las asignación de los US$2 por voto fue duramente criticada, pero finalmente aceptada.

Opinión de Carlos Yat Sierra *

La Constitución de Guatemala, en su artículo 17 de las Disposiciones Transitorias y Finales, dispone que los partidos deben contar con el financiamiento del Estado a partir de las elecciones del 3 de noviembre de 1985. También dispone que una ley específica con rango constitucional debe normar el funcionamiento de los partidos (Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto 1-85).

La Ley Electoral, reformada por decreto 74-87, establece en su artículo 20 los derechos de los partidos.

En el inciso f) dice que éstos gozarán de financiamiento estatal a razón de Q2 por voto válido, o que dicho número de votos permita colocar a un legislador en el Congreso.

Este financiamiento fue considerado suficiente por los autores de nuestra Constitución, pues entonces el tipo de cambio era de 1 x 1 con el dólar de Estados Unidos. Nadie imaginó que años después dicha cantidad sería mucho menor, por la devaluación de nuestra moneda.

A la fecha, Q2 son aproximadamente US$0.25, lo que tiene a los partidos en la calle de la amargura.

En el decreto 10-2004 que reformó la Ley Electoral (26-05-2004), y que era una iniciativa engavetada por más de seis años, con algunas propuestas en beneficio de los partidos, está el nuevo texto del artículo 21, que establece el pago de dos pesos Centroamericanos por voto válido legalmente obtenido en las elecciones. Las reformas de armonización que pasó en tercera lectura, que se enviaron a consulta a la Corte de Constitucionalidad, como lo manda la Carta Magna, establecen en el artículo 21 que los partidos tendrán derecho a US$2, equivalentes en quetzales, por cada voto válido emitido a su favor, pagadero en cuatro anualidades iguales.

Cuando entró en vigencia este decreto, la Prensa y los críticos se manifestaron contra el financiamiento, pero no quisieron ver que ello permitirá la liberación de los partidos y democratizará el quehacer político, pues la ley manda que dichos fondos deben descentralizarse hacia los departamentos y municipios, para apoyar a las organizaciones partidarias.

Creemos que es un buen principio, y vendrá a fortalecer la administración de los partidos, para convertirlos en instituciones serias y así dejen de ser manejados como proyectos electoreros.

Las asignación de los US$2 por voto fue duramente criticada, pero finalmente aceptada como una necesidad para darle un giro diferente a la actividad política.

Cualquier propuesta a futuro que venga para aumentar ese financiamiento, será una propuesta desafortunada, desatinada y de mal gusto, como la propuesta de que el financiamiento debería ser de Q30 por voto válido. ¿Alguien lo dijo? Ojalá lo haya hecho en broma.

Diputado, Comisión de Asuntos Electorales *

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Recuperemos la política

El financiamiento de los partidos es vital en el fortalecimiento de la democracia.

Opinión de Marielos Monzón

El papel de los partidos en una sociedad democráti ca es clave. Algunos politólogos dicen que la calidad de la democracia se mide por la calidad de sus partidos.

Esta afirmación es un tanto absolutista, porque los canales de participación ciudadana no pueden ni deben agotarse en los partidos. Sin embargo, son las instituciones que permiten la gestión democrática del poder.

La crisis de representatividad política que vive Guatemala se explica por factores propios y otros que son comunes en América Latina. Esta crisis tiene como trasfondo la hegemonía de un discurso que planteó como eje el desprestigio de la política y de toda acción colectiva.

Se llegó al extremo de rechazar la intervención de la política en los asuntos económicos, para que no interfiera en la acción del mercado.

La misma tiene su expresión en el cuestionamiento al Estado, que abonó la ola de privatizaciones, la eliminación de controles y la cooptación de los espacios públicos.

Es tal la campaña de desprestigio sobre la política que los candidatos presentan como una cualidad favorable no tener experiencia política y no pertenecer a ningún partido.

De esta corriente de outsider político, el máximo exponente fue Alberto Fujimori, en Perú. La realidad es que las privatizaciones produjeron oleadas de corrupción, mordidas y cooptación de las estructuras políticas.

En Guatemala, a este problema se agrega la debilidad de toda la institucionalidad, la presencia de un Estado racista y excluyente, y la desaparición de una generación entera de cuadros políticos y sociales por la represión.

En este marco cobra vital importancia la discusión sobre las formas de financiamiento de los partidos.

La propuesta de aumentar a Q30 el monto por cada voto recibido tiene sentido si se busca fortalecer la estructura interna y el papel de intermediación que los partidos deben desempeñar.

Subsidiar a los partidos resulta imprescindible para evitar que el financiamiento de las campañas quede en manos de sectores de poder económico que condicionen la actuación política o de grupos del narcotráfico y el crimen organizado.

En muchos países de América Latina y de Europa, los partidos reciben más del triple de dinero por cada voto recibido, pero a la par del financiamiento existen verdaderas estructuras partidarias, trabajo de militancia, de reflexión política y construcción democrática de las agendas y los puestos de elección. Además se cuenta con legislación que abona a la transparencia y a la auditoría social.

El financiamiento de los partidos es vital en el fortalecimiento de la democracia. Guatemala necesita de partidos fuertes, representantes reales de los distintos sectores sociales y canales de participación ciudadana.

Debemos trabajar para tener partidos políticos definidos por un programa, una ideología y una base social clara, muy diferentes a las plataformas electorales o sellos que se negocian para los intereses de alguien que los puede pagar.

Periodista*