Buscan exculpar a Romeo Lucas García
Política: Familia del ex presidente presenta informe sobre su salud mental, mientras la PGR de México entrega documentación sobre Donaldo Álvarez a España
Por: Lorena Seijo

Lucas García huyó del país tras el golpe de Estado dirigido por Efraín Ríos Montt, en 1982, y desde entonces se instaló en Venezuela, de donde es su esposa. Foto Prensa Libre: Archivo.

Los familiares del ex presidente Romeo Lucas García, exiliado en Venezuela, presentaron a la justicia de ese país un informe médico para evitar que sea juzgado en España. En tanto, la PGR mexicana entregó a los tribunales españoles la documentación sobre la fuga del ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez, prófugo desde diciembre de 2004.

Ante la solicitud internacional de captura y extradición del ex presidente, su esposa, Elsa Cirigliano, aseguró a Prensa Libre por vía telefónica que no puede ejecutarse, porque el acusado está inhabilitado física y mentalmente.

“Eso se puede comprobar”, expresó Cirigliano. Agregó: “Romeo está en la misma situación de enfermedad de Alzheimer y voy a presentar un informe médico sobre su incapacidad mental y física para poder afrontar el proceso judicial”.

La esposa del ex gobernante indicó: “Estoy arreglando asuntos legales, porque él no está en condiciones de que lo detengan ni que lo extraditen”.

Solicitud española

La petición de captura y extradición del ex presidente, señalado de ser uno de los más represivos de la historia nacional, es por siete cargos de asesinato y uno por tortura de ciudadanos españoles y otro por el intento de asesinato del ex embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal y López, quien sobrevivió a la quema de esa sede diplomática, el 31 de enero de 1980.

En el hecho murieron otras 36 personas, entre ellas Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Su fundación encabeza la querella en España.

Sin respuesta venezolana

El Juzgado Primero de Instrucción, de la Audiencia Nacional de España, giró en febrero de 2005 una orden de aprehensión contra Lucas García y su posterior extradición a España. Cuatro meses después, la justicia venezolana aún no ha respondido.

Al respecto, Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchú, dijo: “El paso siguiente será que el médico forense realice un peritaje y determine si lo expuesto en el informe es cierto o no”.

La fundación busca que se responsabilice oficialmente a Lucas García de esos hechos ocurridos durante su mandato, aunque finalmente se determine que no está en capacidad mental de cumplir una condena.

Álvarez Ruiz sigue prófugo

Caso distinto es el de Donaldo Álvarez, ex ministro de Gobernación, quien está prófugo de la justicia desde que en diciembre de 2004 España pidiera su captura por los mismos cargos.

Álvarez, quien residía en México desde hacía 20 años, huyó de las autoridades del país vecino y aún no ha sido capturado.

La Audiencia Española pidió a México un informe del caso y se lo envió la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero aún así, las víctimas de Álvarez no pierden la esperanza de que éste enfrente la justicia, y por ello han realizado manifestaciones para pedir su aprehensión, pues creen que está en México.

Julio Solórzano Foppa, hijo de la intelectual asesinada Alaíde Foppa, solicitó al Instituto Nacional de Migración de México que le sea retirado el permiso de residencia FM2, que posee Álvarez, y a la embajada de EE.UU. que le anule la visa de turista que le otorgaron por 10 años.

Nuevo juez

A partir de ahora, el juez que se hará cargo del proceso en España será Santiago Pedraz Gómez, que sustituye a Fernando Grande-Marlaska, al frente del Juzgado Primero de Instrucción.

El cambio se debe a que Grande-Marlaska tiene que sustituir al juez Baltasar Garzón, que se encuentra con una beca de estudios en el extranjero.

Marlaska envió el mes pasado el expediente completo del caso a Guatemala, para que sea entregado a Saúl Álvarez, juez contralor del caso en el país, y el encargado de citar a declarar al resto de los imputados en este proceso.

Juzgado: Comisión rogatoria

El expediente del caso en España ya ha sido enviado a Guatemala, aunque el Juzgado Undécimo de Instancia Penal aún no la ha recibido. Saúl Álvarez, titular del juzgado, será el encargado de interrogar a cinco militares y dos civiles, señalados de haber cometido genocidio en las décadas de 1970 y 1980, como parte de la comisión rogatoria que se celebrará en el país a petición de la Audiencia Nacional española.

El juez Álvarez deberá fijar fechas para escuchar a los militares Efraín Ríos Montt, Benedicto y Fernando Romeo Lucas García, Óscar Mejía Víctores y Germán Chupina Barahona, en cuanto reciba el expediente. Además, deberán acudir a la diligencia Pedro García Arredondo y Donaldo Álvarez Ruiz, este último prófugo de la justicia.

El proceso

Los vinculados son:

Militares: Efraín Ríos Montt, Benedicto y Fernando Romeo Lucas García, Óscar Mejía Víctores y Germán Chupina Barahona.

Civiles: Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo. Ambos responsables de aparatos de seguridad.

El primero en ser vinculado a proceso fue el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo desde el 10 de diciembre pasado, cuando intentaron capturarlo en México.

A partir de la denuncia presentada contra el ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982), el 20 de noviembre de 2004, fue nombrado un juez contralor en Guatemala para que citara a los imputados en el proceso que se encuentran en nuestro país.

En febrero de 2005, fue pedida la captura internacional contra el ex presidente, solicitud que Venezuela dijo estar dispuesta a ejecutar, pero no lo ha hecho. Su familia plantea que no procede su aprehensión, por estar inhabilitado mental y físicamente.