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EDITORIAL
La Cancillería tiene la palabra
El caso dirigido a lograr la extradición del ex presidente Alfonso Portillo entró en una nueva e importante etapa, al haber enviado la Corte Suprema de Justicia el expediente respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene ahora la obligación legal de hacer los trámites necesarios en el menor tiempo posible para dirigirse a la Cancillería de México, a fin de que ésta, a su vez, haga lo mismo con la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana y de esa manera avance el proceso.
La etapa en que se encuentra el caso es de índole político, en el sentido de que tanto el Gobierno de Guatemala como el de México tienen la potestad de acelerar los procesos que permitan a la PGR retomar la parte jurídica y decidir qué acciones corresponden a fin de hacer realidad la extradición del ex presidente acusado de actos de corrupción, como paso previo necesario a que dilucide debidamente su situación legal en los tribunales.
Es necesaria la voluntad política de ambos gobiernos para facilitar la tarea jurídica. Si las cancillerías no efectúan su trabajo, el caso puede demorar mucho tiempo, tal vez hasta años.
Esto mismo puede suceder si los abogados de la defensa deciden colocarse en la posición de interrumpir el proceso abusando de las posibilidades legales que están a disposición de cualquier persona acusada de delitos. Como esa es una posibilidad que no se puede impedir, sino sólo lamentar, es necesario pensar en la posibilidad de que pase tiempo antes de la finalización del asunto.
Igualmente ocurre con el caso de México. Ese país, como varios otros de América Latina, se encuentra necesitado de que se le permita al sistema funcionar, sobre todo en su parte legal, con independencia de las presiones de personas o instituciones con poderes dentro de la sociedad. La presencia de personajes capaces de detener los procesos legales contra políticos acusados de algún tipo de delito, es una de los principales valladares para que se afiance el sistema democrático de las naciones.
La actual situación de emergencia de Guatemala también contribuye a que este caso mantenga el interés que desde hace meses ha tenido entre la población. Como pocas veces, será evidente la necesidad de emplear el dinero del erario en forma correcta, pues buena parte de los fondos para la reconstrucción deberán surgir de las contribuciones de los guatemaltecos.
Por eso, cuando un caso de corrupción ha logrado llegar al punto en que se encuentra éste, el mensaje enviado a la población es que existe la posibilidad de que, una vez comprobadas las acusaciones, se castigue debidamente a quienes se les comprueba su culpabilidad.
Aunque el interés nacional está ahora obviamente centrado en los procesos de reconstrucción, no por ello deja de ocupar lugar importante en todos los niveles de la población el caso de Alfonso Portillo, cuyo futuro -tal vez inmediato- depende de las acciones que sean efectuadas por quienes tienen a su cargo las relaciones internacionales tanto en México como en Guatemala.
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Q 7.62134