Estado, Empresa y Sociedad: Deficiencia fiscal secular
Por: José Alejandro Arévalo Alburez

Opinión

Las finanzas públicas, desde que Centroamérica se independizó de España, siempre han estado en “trapos de cucaracha”, como lo describe la Historia de Guatemala.

Nos independizamos de España, pero nos anexamos a México y para mantener a las tropas de ocupación, el Estado se tuvo que endeudar por 40 mil pesos con la garantía de los derechos de aduanas.

La alcabala de entrada a la ciudad generó animadversión popular. Además, por las crisis comerciales del añil y del cacao, principales cultivos de la época, la agricultura estaba al borde de la ruina.

En 1823, cuando surge la República Federal de Centro América, la situación financiera era aflictiva. No obstante, la Asamblea Nacional Constituyente suprimió las contribuciones por aguardiente, bodegaje y guerra, el quinto real y el impuesto al hierro. El sistema fiscal quedó basado en los ramos del papel sellado, la alcabala, la renta de correos y de tabacos.

En 1829, ante la desorganización de la hacienda pública, se redujeron los salarios y jubilaciones de los empleados públicos y se procedió a la disminución del ejército.

En 1837, Mariano Gálvez puso en vigencia una contribución anual de dos pesos por persona, además de un impuesto de vialidad destinado a la apertura y ampliación de caminos, el cual era conmutable por servicios personales.

Los impuestos generaron tal descontento que, en 1838, los conservadores acabaron con la administración liberal y el proyecto unionista centroamericano.

Entre 1838 y 1871, durante el Régimen de los 30 años, se dispuso que el Estado obtuviera sus ingresos de las exportaciones de la grana, aunque en 1848, Rafael Carrera estableció un impuesto “temporal” de guerra, que luego fue prorrogado varias veces.

En 1856 se decretó el estanco de la cerveza y se siguió con el impuesto de comisos y multas, establecido en 1852, cuyo producto se distribuía en tres partes: para la Hacienda, para el denunciante y para los aprehensores.

En 1864 se implantó la contribución del dos por millar sobre toda propiedad, haberes y capital líquido, mayor de 2 mil pesos, y del 3 por ciento sobre todo sueldo mayor a los 200 pesos anuales.

Vicente Cerna, en 1865, arrendó al sector privado los estancos de aguardiente que reportaron una renta anual de 100 mil pesos.

A partir de 1871, Justo Rufino Barrios hizo depender al fisco del café; tras la euforia de los primeros años, cuando los precios bajaron en 1882, se generó una grave crisis en las arcas nacionales.

En 1881 se promulgó el Código Fiscal, que estableció la contribución del 3 por millar sobre la propiedad inmueble y la contribución urbana del 5 por ciento sobre las rentas de las construcciones en poblados.

En 1885, Manuel Lisandro Barillas no pudo pagar la deuda pública y aumentó en 20 por ciento los derechos de importación, aunque concluyó su gobierno, en 1892, sin que el crónico déficit financiero del Estado hubiera sido solucionado.

Con José María Reina Barrios la hacienda pública seguía atrasada en el pago de sueldos y empréstitos.

El Gobierno planteó el problema fundamental de la economía nacional en su dependencia del café como único artículo de exportación.

Se consideraba que el país no había sabido aprovechar en forma conveniente sus recursos naturales, que no producía todos los artículos que debía y que gastaba más de lo que podía. Apreciaciones similares escuchamos en épocas recientes.

Reina Barrios rebajó el impuesto sobre venta y permuta de inmuebles del 5 al 2 por ciento y exoneró la importación de carruajes, carretas, diligencias y otros medios de transporte de pasajeros.

En 1895 los ingresos del Estado llegaron al punto más alto en toda la historia financiera del país hasta esa fecha, lo que de todos modos tampoco fue suficiente para salir del inveterado déficit de la hacienda pública.

Así entró el país al siglo XX, cuya historia fiscal resumida veremos la próxima semana.