Ejecutivo acuerda libre acceso a información
Medida persigue transparentar los gastos del Gobierno
Por: Martín Rodríguez P.

El presidente Óscar Berger (al centro) ordenará a los funcionarios de Gobierno dar acceso a la información pública. Foto Prensa Libre: Archivo.

El Ejecutivo informó ayer que, por medio de un acuerdo gubernativo, se dará libre acceso a la información y se fijará un plazo de 10 días para responder a los requerimientos. También será obligatorio publicar cifras de gastos en páginas de Internet.

“El presidente (Óscar) Berger ya vio la propuesta de acuerdo gubernativo, y es de su total agrado.

Será presentado al Gabinete el miércoles y publicado la próxima semana en el diario oficial”, anunció Hugo Maul, comisionado presidencial para la Transparencia.

La Constitución de la República señala en el artículo 30: “Es libre el acceso a la información y ninguna autoridad podrá limitar este derecho”. No obstante, no hay ninguna norma sobre el procedimiento de entrega de la información.

Plazos y penas

Cuando se publique el acuerdo gubernativo, los funcionarios no podrán esquivar los 10 días de plazo —20, en casos excepcionales— para entregar información solicitada.

Los funcionarios que, “de forma arbitraria o injustificada”, obstaculicen la información o la entreguen incompleta podrán ser sujetos de faltas administrativas graves, se lee en el acuerdo.

“Podría tener sanciones verbales, de suspensión o destitución, pero esto tendría que ser si es deliberada o maliciosa la obstrucción de acceso a documentos públicos”, expresó Maul.

Además, el futuro acuerdo gubernativo obligará a los funcionarios del Ejecutivo a transparentar sus gestiones.

El documento señala que en una página de Internet de ese organismo, y por otras vías, deberán publicarse en detalle planes de gastos, erogaciones y contrataciones.

Ordena, incluso, publicar hasta la cantidad de viáticos que gasten los asesores de los funcionarios.

“Son lineamientos prácticos que pretenden impulsar la ley de libre acceso a la información en el Congreso, que ya incluye desclasificación de documentos y habeas datas”, dijo Maul.

Paso intermedio

La iniciativa de ley de acceso a la información —de los diputados Nineth Montenegro (Encuentro por Guatemala) y Eduardo Zachrisson (Gana)—, está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Debería ser una prioridad, pero ni la Gana ha querido agilizar su trámite”, dijo Montenegro.

“Definitivamente, es un paso muy positivo el hecho de que el Ejecutivo impulse un acuerdo gubernativo de este tipo, en especial las sanciones ante la negación y la reglamentación de tiempos”, opinó Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana.

Para Urízar, el acuerdo no tiene que empañar la discusión de la ley en el Congreso, en la que sí se obliga a todas las dependencias estatales y no está sujeta a la buena voluntad de un gobierno.

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“Es bueno, pero no suficiente”

Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, cree que el acuerdo para el libre acceso a la información del Ejecutivo es “muy positivo”, pero no deben parar los esfuerzos en el Congreso para aprobar una ley de acceso a la información.

Estos son los principales aspectos de la entrevista en la que Destarac comenta el acuerdo y hace énfasis en la necesidad de una ley que defina el procedimiento para acceder a la información pública.

¿Qué le parece la propuesta del Ejecutivo sobre el acceso a la información?

Este acuerdo gubernativo es un buen principio, sobre todo porque se permite el acceso a la información de manera irrestricta y voluntaria.

Es un buen principio, pero es insuficiente.

Se tiene que trabajar para la ley de acceso a la información.

Eso es lo más importante, que no nos tenemos que confiar y tenemos que seguir impulsando el acceso a la información por medio de la ley.

Allí es hacia donde tenemos que ir, hacia la ley que garantice plenamente el derecho al acceso a la información, como lo garantiza la Constitución Política de la República y que, además, regule el secreto de Estado.

¿Cómo se puede explicar la importancia de esa ley?

Es hacer realidad los artículos 30 y 31 de la Constitución, que dice que todos los actos de la administración son públicos, salvo asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y sobre el acceso a archivos y registros estatales.

Es reglamentar el procedimiento legal para la entrega de información.

Con esa ley, si un funcionario veda el acceso a la información a cualquier persona, se puede ir a un tribunal y obligar a que entreguen la información.

Esa ley regularía el secreto de Estado.

Tiene que regularse. No es posible, tampoco, que sea por siempre secreto y, por lo tanto, debe haber una desclasificación de documentos que en algún momento fueron secreto de Estado.

Otro de los puntos clave es el habeas data.

Sí. El habeas data permite el acceso a archivos y registros estatales por parte de personas individuales con relación a información sobre ellas mismas.

Además, el derecho a corregirlos y actualizarlos.