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EDITORIAL
Informarse es derecho básico
Como un paso positivo en el fomento de una cultura de transparencia de la administración pública debe verse el propósito del Ejecutivo de oficializar en breve un conjunto de normas generales de acceso a la información en ese organismo y sus dependencias.
No obstante su trascendencia y previsibles efectos positivos sobre la necesidad de transparentar los actos propios del Estado, el referido instrumento es sólo como un paso intermedio en el ideal de convertir en una ley de observancia general el libre acceso a la información, un esfuerzo varado en la legislatura anterior por el Frente Republicano Guatemalteco, cuando sus diputados trataron de manipular la norma para entorpecer ese derecho ciudadano básico.
La medida actual es positiva porque abre a los ciudadanos la posibilidad de ejercer el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución, el cual declara públicos todos los actos gubernamentales y concede la potestad de conocer la documentación pertinente.
Sin embargo, aunque mantiene el espíritu de aquella iniciativa, ampliamente demandada y reclamada por la sociedad, ese acuerdo resulta insuficiente para garantizar el efectivo acceso a la información pública, porque se refiere sólo a la controlada por el Organismo Ejecutivo, y por dejar abierta, de forma ambigua, la discrecionalidad a restringir la considerada “reservada”, un eufemismo en el cual se han encubierto millonarios desfalcos, como los ocurridos en el Ejército al amparo del “secreto militar”.
Al margen de ello, la disposición es, parodiando la frase del primer hombre en pisar la Luna, un pequeño paso en la búsqueda de la transparencia, pero un gran salto en la apertura de la información del Estado respecto de su hermetismo ancestral, en el fomento de una filosofía de acceso a las instancias públicas, y en la promoción de una cultura de transparencia por medio del ejercicio del derecho ciudadano ya citado.
De concretarse la medida, no debe verse como una concesión gratuita, sino como el acatamiento de un mandato constitucional largamente postergado.
Además, sería absurdo considerarla como un beneficio gracioso exclusivo de los periodistas, porque la información pública, esa exigencia de conciliar la ética con el accionar político, es un patrimonio de todos los guatemaltecos.
Precisamente, su vigencia demanda un esfuerzo concertado para promover cambios legales y culturales para derribar las barreras de acceso a la información y el nocivo secretismo tan arraigado en el Gobierno.
Instamos a los ciudadanos a apropiarse de este logro, para vencer la resignación acerca de la imposibilidad de conocer cómo se maneja el Estado, pues sólo las personas bien informadas están habilitadas para participar activamente en las decisiones nacionales.
El Estado se acerca, pues, a su obligación de proveer información, y las personas, a su derecho de informarse.
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Q 7.62134