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EDITORIAL
Se abre nueva etapa en la CC
Una nueva etapa se abre hoy en la historia de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos nuevos integrantes tienen entre sus tareas hacer que esa respetada e importante institución político- jurídica retome su prestigio, afectado a consecuencia de que la mayoría de sus últimos miembros respondían a intereses ajenos al respeto a la Carta Magna, por lo cual muchas veces los magistrados que actuaban según las normas, no lograron que éstas prevalecieran.
Los actuales nuevos integrantes de la CC no tienen motivo para recibir duda alguna acerca de su buena intención. Si bien fueron electos por las mismas instituciones que le dieron el lugar a los del equipo anterior, los procesos fueron distintos al haber despertado el interés de quienes, con su ausencia en la integración de aquella época, permitieron que grupos espurios lograran la llegada de magistrados con las ya mencionadas agendas ajenas a la ley.
Falta aún saber quién será el representante de la Universidad de San Carlos, cuya elección está en proceso de apelación interna. Por eso, el magistrado Cipriano Soto queda en el cargo mientras se soluciona el asunto.
Se trata de la persona que más sospechas de vinculación con el eferregismo ha despertado, razón por la cual su presencia en la CC puede ser válidamente considerada como un posible valladar al funcionamiento correcto de esa institución.
A consecuencia de ello, el controversial magistrado tiene la obligación moral de inhibirse de participar en todo caso que conozca la CC, especialmente los que requieren más de cinco miembros, opción que, dadas las circunstancias, es muy difícil, pero que no por eso debe dejar de ser señalada, por no decir exigida.
La CC, vale la pena recalcar, es una institución en la cual pesan, en el análisis, tanto el espíritu como la letra de la ley. No se afecta a ningún magistrado cuando se dice que sus dictámenes tienen importancia jurídica por sus posibles efectos políticos.
La anterior CC perdió prestigio porque confundió lo político con lo partidista y con ello causó daño al proceso de la interpretación correcta, y a veces evidente, de la más alta ley del país.
El reto de esta CC es, realmente, el mismo que han tenido todas las anteriores, porque es el que le dio origen a esa instancia. La Constitución de Guatemala no puede funcionar como el eje jurídico-político del Estado si es interpretada en forma antojadiza. La libertad de interpretación que tienen los magistrados debe ser total, como es ahora, pero no por ello es lógico hacer a un lado factores como la lógica y el beneficio de la colectividad. Es allí donde cobra importancia el respeto al espíritu legal.
Una vez integrada en su totalidad, la CC se podrá dedicar al proceso de recuperación de su prestigio, por medio de dar trámite a las consultas en el menor tiempo posible. Pero además, por medio de dar pruebas fehacientes de que sus magistrados actúan con independencia total, porque las instituciones que los eligieron no tienen ningún padrinazgo sobre ellos, por lo cual deben encarar solos el implacable juicio de la historia.
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Q 7.62134