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EDITORIAL
Prensa, amenazas y atentados
Dos noticias relacionadas con periodistas fueron conocidas en las últimas 48 horas. La primera, una serie de amenazas en contra de comunicadores en Antigua Guatemala, y la segunda, el atentado de ayer en contra de Vinicio Aguilar, conductor y director del programa radial Hablando se entiende la gente.
Estos hechos, que necesariamente deben ser conocidos e investigados por la fiscalía encargada de delitos en contra de periodistas, merecen también la atención de las entidades gremiales y, sin duda, serán conocidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En el caso de las amenazas en contra de los periodistas antigüeños, la denuncia presentada por María Teresa López Lima tiene más consistencia debido a las evidencias, y hay marcada una línea para la investigación por el señalamiento directo de un ex militar -vinculado ahora con las autoridades municipales-.
Curiosamente, el otro caso -que involucra a los periodistas Óscar Enrique Flores Sosa, José Antonio Palomo Cajas y Carlos Roberto Mérida Reynoso, todos del periódico quincenal La Voz de Antigua- apunta también a las autoridades ediles, precisamente por las fuertes críticas y denuncias sobre corrupción que ese medio informativo ha publicado en sus últimos números.
No son pocos los ejemplos que tenemos en el pasado reciente, cuando funcionarios prepotentes e intolerantes han acosado a periodistas y medios por el hecho de plantear denuncias sobre actos de corrupción.
La amenaza en contra de periodistas pretende siempre provocar la autocensura o incluso acallar sus voces de denuncia. Sin embargo, es altamente satisfactorio escuchar de voz de los propios afectados su determinación a no claudicar, y que prefieren librar la batalla públicamente, a pesar de los inconvenientes y de la incertidumbre que este tipo de denuncias trae consigo.
El trabajo de los periodistas en provincia se ha vuelto bastante más arriesgado que en la propia capital, sobre todo, cuando los comunicadores sociales no cuentan con la protección o respaldo de los grandes periódicos o emisoras radiales.
El caso del periodista Aguilar es más complejo por la falta de pistas o pruebas sobre el móvil del atentado. Él mismo reconoce que no puede precisar una causa, aunque por la forma en que se ejecutó el operativo, no se trataba de ningún robo, sino de un hecho dirigido específicamente en contra de su persona.
En todo caso, no se deben extraer conclusiones precipitadas, ni mucho menos utilizar el hecho para hacer señalamientos irresponsables. Positiva es la actitud de la víctima, que ha mostrado cautela en sus declaraciones.
Ahora los casos quedan en manos de las autoridades, y el seguimiento o fiscalización de las pesquisas son responsabilidad del gremio periodístico en general.
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Q 7.62134