EDITORIAL
Otro golpe a la transparencia

El viejo aforismo español “crea fama y échate a dormir” persigue incesantemente en estos tiempos al Congreso de la República, por los sobrados esfuerzos de sus miembros de hacer sospechosa toda actividad relacionada con la emisión de leyes o con acciones inherentes a su accionar político.

Aunque la historia parlamentaria del último medio siglo en el país ha estado marcada por el bochorno, la ineptitud, el compadrazgo, el tráfico de influencias y la corrupción, es en el actual Congreso, en razón de la proximidad temporal, en quien recae el grueso de la inconformidad, el rechazo y la frustración de la gran mayoría de ciudadanos.

Semejante desprestigio no es gratuito, porque si las legislaturas pasadas han estado marcadas con el sello de la venalidad, ésta ha colmado con creces el demérito por su desempeño, tanto por la incapacidad de sus miembros como por claras evidencias, en algunos casos, y las sospechas no desmentidas en otros, de que sus decisiones han tenido dedicatoria en un amplio abanico de intereses que incluiría hasta al propio crimen organizado.

Las primeras decisiones de este Congreso dieron inequívocos indicios de la clase de legislatura con la que habría de verse la Nación en el actual gobierno. Por desdicha, no se ve de parte de sus miembros la más mínima muestra de voluntad para enmendar ese rumbo.

Los diputados parecen estar inmersos en una carrera contra el tiempo para cometer el mayor número de errores y sumar el mayor grado de rechazo social, y en la medida en que aumentan los señalamientos, las críticas y el malestar por sus errores, se hacen menos insensibles y vulnerables a la crítica. Después de todo lo que han hecho y se les ha dicho, ya nada les preocupa, y al contrario, la mayoría acaricia la idea de reelegirse para seguir disfrutando de las ventajas de ser “padres” de la Patria, con privilegios de verdadera realeza.

El manoseo de la Ley de Contrataciones del Estado, a través de la Ley de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es una de las últimas torpezas de esta legislatura que, casualmente, abre otra puerta al riesgo de que se incurra en arbitrariedades y corrupción en las licitaciones.

Puede tratarse de un error, tan común en un grupo neófito en Derecho y en materia legislativa, pero, debido a sus antecedentes, no se puede descartar que haya sido un acto doloso para favorecer a los corruptos.

Nada justifica la omisión o eliminación de normas orientadas a la búsqueda de la transparencia, especialmente en un país en donde es parte de la ética pública el refrán según el cual “hecha la ley, hecha la trampa”.

Los valores y la ética no deberían estar, nunca, en subasta pública, por más de que su violación represente algún beneficio económico, como penosamente parecen creerlo los malos diputados que fraguaron esta nueva dispensa inmoral.

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