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EDITORIAL Tiempo de obras para atraer votos
El arribo a los 30 meses de ejercicio del poder en Guatemala se ha convertido en cabalístico en el empuje de la obra pública, porque esa temporalidad marca el inicio informal de la carrera por la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías.
A lo largo y ancho del país se observa en estos días un afán inusitado por la infraestructura a cual más visible, porque sus promotores, todos políticos con cargos públicos, pretenden granjearse en la conciencia ciudadana imagen de benefactores, para invocar después -y en especial, el día de las elecciones- lealtad, gratitud y reciprocidad.
La gran mayoría de funcionarios públicos electos aspiran a continuar en el cargo, y quienes son excepción a esa tendencia de moda, pretenden usar su supuesto caudal político en beneficio de su partido o su delfín para el puesto.
Ese propósito explica por qué durante dos años y medio aquellos funcionarios dieron para el consumo público la idea de que planificaban las obras que ahora se ejecutan o insumieron el tiempo en remendar la herencia de sus antecesores, y dejaron para esta época el empleo del recaudo presupuestario.
No es casualidad, por ejemplo, que tanto el Gobierno como la comuna capitalina hayan coincidido en las obras viales que actualmente tienen paralizada a media capital, porque a ambos les interesa el caudal político de la metrópoli.
Al margen del beneficio de esos viaductos, que algunos expertos ponen en duda para aliviar los atascos de tránsito, es importante destacar el alto costo que deben pagar los ciudadanos por un capricho electorero, como bloqueos en las arterias principales y un sinfín de incomodidades originadas en un manoseo de conciencia que debería estar desterrado de la práctica política, por ser nefasto para la democracia genuina.
Es obvio que una reflexión de esa naturaleza es imposible en políticos carentes del perfil de estadistas o de líderes, como el demostrado por contados presidentes o alcaldes a quienes se les deben las obras que siguen siendo referentes de la infraestructura nacional.
Por esas mismas carencias esos personajes exhiben autoritarismo y egocentrismo y son incapaces de entender que las obras deben ser integrales y beneficiar también a quienes viven fuera de las áreas en las que ellos ejercen jurisdicción.
El día que los guatemaltecos elijan con responsabilidad a sus gobernantes desaparecerán del protagonismo público individuos arrogantes que emplean el signo partidario como premio o castigo, porque esa práctica infame golpea a los más débiles y necesitados e impide la eficiencia de las obras.
La infraestructura pública no es un favor del funcionario para el ciudadano, por más que la construyan en época electoral y aparenten sacrificio por las causas sociales. Es, ante todo, fruto de los impuestos que no siempre son administrados con honradez y eficiencia.
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