EDITORIAL
Muertes para simple registro

La recurrencia de homicidios y asesinatos en Guatemala parece haber doblegado la capacidad de asombro del ciudadano común y de las autoridades, porque en el primero la atención no pasa de la novelería pasajera, y en los estamentos públicos sólo es suma de un nuevo caso a registros caracterizados por quedarse en simple estadística.

Aunque no es nuevo, preocupa el escaso –por no decir nulo– resultado del trabajo de investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil ante la incesante ola de crímenes que se abate sobre el país, porque refuerza la impunidad, agrava la inseguridad ciudadana y convierte a cualquier persona ajena a los riesgos propios de la actividad delictiva en el peligro permanente de ser víctima, en cualquier momento, de la embestida antisocial.

Las autoridades responsables de la persecución del delito están cercadas por una ineficiencia patética que es interpretada por los criminales como un signo de debilidad manifiesta que les deja la puerta expedita para cometer cualquier tipo de tropelía, en la certeza de que jamás serán alcanzados por el brazo de la ley.

Atraviesa el país por un vacío profundo en el ámbito de la seguridad pública, por la falta de estrategias de largo alcance, y todo cuanto se hace es de tipo reactivo y cosmético, para calmar la frustración y la ansiedad públicas.

El aparecimiento colectivo de cadáveres mutilados, en la periferia de la capital, con el sello distintivo de los métodos del exterminio más exacerbado, cruel y sucio del conflicto armado interno, se confabula con los crímenes atribuidos a la delincuencia común para agravar la angustia y el miedo que se han apoderado de la gente.

Las características de esos asesinatos dan lugar a suponerlos obra de fuerzas con conocimientos, estrategias, recursos, respaldo y fuero lejos del alcance del hampa, pues se requiere más que la simple propensión a halar el gatillo para detener, atar, torturar, matar y luego trasladar cadáveres a parajes desolados, sin correr el riesgo de ser visto e interceptado por la Policía.

Atribuir antecedentes delictivos a las víctimas no debe ser razón para considerar justificada su muerte ni para guardar silencio sobre su destino, porque a medida que se tolera la venganza, la ejecución extrajudicial o la acción punitiva, se mengua la posibilidad de vivir en un auténtico régimen de legalidad, en el que los delincuentes sean capturados, juzgados y sancionados, y las personas honradas puedan confiar al Estado la tutelaridad de sus derechos.

No es posible que poderes de naturaleza clandestina burlen y dominen la capacidad y la potestad del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a recibir respuestas y soluciones a esta creciente incertidumbre, causada en parte por la inoperancia de la Policía y la Fiscalía, dos adornos onerosos en un país hundido en un sin fin de necesidades.