MACROSCOPIO
Mil preguntas
El sueño de la izquierda para que se implemente el Derecho Indígena será quizá peor que la mayor discriminación.
Por: Humberto Preti

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) apoyada por la Defensoría Maya, la Universidad de San Carlos y la Sepaz está por implementar un nuevo sistema jurídico indígena en el ámbito nacional.

Esta iniciativa, aunque se diga que está dentro de los acuerdos de paz, porque el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas lo insinúa, es una iniciativa que realmente logrará la división que muchos quieren entre los guatemaltecos.

La iniciativa nos causa una serie de dudas que la CSJ deberá de aclarar a la población que ya está harta de falta de justicia pronta y cumplida, pues ahora entrará en conflicto todo el sistema jurídico del país, y no será extraño que se planteen diferentes criterios sobre en dónde está la frontera entre un derecho y otro.

Dentro de las preguntas que deberá contestar la Corte están algunas como las que enumero: ¿Quiénes son catalogados como indígenas en el país? Aquí de plano queda fuera todo canchito, aunque esté entre los grupos más vulnerables.

¿Serán sólo aquellos de origen mayense y garífuna? ¿Qué grado de pureza deberá tener la sangre del sujeto para optar a uno u otro tipos de Derecho? ¿Qué campos del Derecho serán modificados? ¿Tendrá el Derecho indígena un diferente derecho a la propiedad? ¿Tendrán un Derecho laboral diferente al que actualmente existe y se aplicará éste a trabajadores y patronos indígenas? ¿Qué sucederá cuando la fuerza laboral sea mixta?

¿El Derecho en el campo de familia se aplicará según las costumbres consuetudinarias? Las que ya sabemos cómo son, que dirán las mujeres indígenas de los ligeros progresos que han alcanzado.

Cuándo una violación a la ley sea de parte de un indígena, aunque sea en la capital, ¿qué derecho se aplicará? Los mareros y otros delincuentes indígenas, ¿tendrán diferente trato? ¿Qué derecho se aplicara a los no indígenas en poblaciones indígenas? ¿Serán aceptados los castigos físicos como latigazos y otros tipos de justicia como incineración y linchamientos?

¿Se aplicará este Derecho en algunas regiones, y se dejará fuera a otras? ¿Cuál será el criterio para dejar a unas adentro y a otras afuera? ¿Se medirán los porcentajes de población en cada área y serán éstas sectorizadas?

Lógicamente, asumimos que se deberá de comenzar a editar los códigos respectivos con sus anexos procesales, además de instaurar la carrera universitaria que se adapte a nueva normativa legal. La verdad es que no sabemos si el Derecho indígena es uniforme.

¿Pensarán igual los quichés que los mames? ¿Tendrán el mismo criterio los pipiles que los garífunas? ¿Se aplica la ley igual entre canjobales y tzutuhiles?

Lamentablemente, la CSJ, que jamás ha cumplido a cabalidad con lo que ya tiene, como es fortalecer el estado de Derecho actual, se lanza a un proyecto que definitivamente no va a poder implementar y únicamente creará falsas expectativas, confusión y solamente dará la pauta para abusos en nombre de una supuesta normativa que excluye a millones de guatemaltecos.

¿Cuál es el interés de la izquierda en este proyecto? ¿Será que están pensando en impunidad para actos ilegales, como usurpaciones, entre otros? ¿O solamente será una manera de seguir instalando mesas de diálogo financiadas por los ya conocidos gobiernos extranjeros que mantienen vivo al grupo de vociferantes activistas?

Recordemos que ésta estaba entre las reformas constitucionales a las que la Consulta Popular ya dijo ¡no! Pero, lógicamente, la ex guerrilla y sus acompañantes siempre buscarán a alguien que quiera protagonismo político y reviva sus ya desechadas ideas.

El proyecto deja pendientes ante la Corte como mil preguntas.