Una oficina de negocios
Gestión de obras para los diputados: ¿Pacur?
Por: Jennyffer Paredes, Martín Rodríguez P.

Pavel Centeno, analista independiente. Foto Prensa Libre: Archivo.

Una caja de Pandora se abrió hace dos semanas luego de que Prensa Libre publicara detalles de cómo un grupo de diputados estaba cobrando sobornos a constructoras por asignarles obras pagadas con un fondo discrecional aprobado en el presupuesto nacional.

El escándalo por el manejo del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur) ha crecido como una bola nieve, llevándose por delante al Congreso, a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

Las autoridades han dado su versión de los hechos, pero ninguna ha podido desmentir los señalamientos.

Sinopsis

La investigación empezó con denuncias de constructores y congresistas, que coincidían sobre el verdadero rol de Pacur: un fondo discrecional creado para que los diputados dispusieran de capital que les permitiera promover obras en sus comunidades.

No obstante, algunos legisladores aprovecharon para cobrar sobornos a las constructoras a cambio de adjudicarles proyectos.

Los testimonios de los denunciantes vinieron a fortalecerse con la aparición de cientos de cartas de congresistas, enviadas a la SCEP, donde solicitaban obras del Pacur.

Algunos sugerían el nombre de la constructora a la que debía ser entregada la obra. Otros, incluso, se atrevieron a sugerir el precio que debía pagarse por cada proyecto.

El Pacur tuvo un fondo asignado de Q200 millones en el 2005, el cual fue ejecutado en su totalidad para obras de los congresistas. Para este año, el programa tenía una asignación de Q400 millones, pero, tras el escándalo, su ejecución fue suspendida.

¿Cómo nació Pacur?

Todo empezó a inicios del 2004, cuando el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se despedía del poder.

En una de sus últimas sesiones en el Congreso como bancada aplanadora, aprobó una reforma a la Ley del Presupuesto que impedía hacer cambios al listado geográfico de obras sin la aprobación legislativa.

Eduardo González, de la SCEP, reconoce que esa medida puso en aprietos a la Gran Alianza Nacional (Gana) durante su primer año de gobierno, y cuando vino la discusión del presupuesto 2005, la oposición condicionó el retiro de este candado.

“Pidieron que quedara un fondo disponible para atender las solicitudes de obra que les hacen a los diputados en sus comunidades”, dijo González.

A cambio de ceder, la Gana consiguió los votos del FRG, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), unionistas, DIA, UD, Casa y los integracionistas para la aprobación del presupuesto nacional para el 2005.

Esos votos le dieron vida a Pacur y permitieron que cada diputado que dio su aval recibiera Q1.2 millones para obras en 2005 y se le prometieran otros Q2 millones para este año.

Sobre esos montos, algunos cobraron comisiones de entre 10 y 20 por ciento.

OIM, a escena

González señala que lo único que hizo la SCEP fue ponerle nombre. “Le pusimos Pacur, porque el Congreso sólo aprobó la asignación del 2005 y trasladó el dinero a la Secretaría. Aquí tuvimos que estructurarlo para ejecutarlo”, explica.

Es en este proceso cuando aparece la OIM, como el socio perfecto. Los diputados querían que el programa tuviera una ejecución rápida, sin trabas, sin licitaciones y sin fiscalizaciones.

La OIM no está obligada a licitar, y la Contraloría no puede revisar sus cuentas. Tras acordar una comisión de cuatro por ciento por servir de intermediaria, la organización fue contratada por la SCEP para ejecutar el Pacur.

Günther Müssig, jefe de OIM en el país, reconoció la situación, y manifestó que en Guatemala “no hay obra sin sobra” y que lo único cuestionable en este caso sería que “los precios sin el soborno podrían ser más bajos”. “¿Qué les podemos decir? Los diputados nos llaman, y no les podemos decir que no”, agregó.

A pedir

Ya con toda la estructura de Pacur instalada, empezó el proceso de petición de obras.

Para organizar mejor la demanda de proyectos y de empresas a contratar, los autores de Pacur decidieron una jerarquía. Serían ocho los diputados por los que se canalizaría la mayoría de obras y, Efraín Oliva, subjefe de la SCEP, el enlace entre Pacur y el Congreso.

El FRG, el PAN, la Gana, los integracionistas, los independientes y Unión Democrática escogieron sus representantes.

De ahí que haya diputados que aparecen en muchas solicitudes y otros que no tienen registrada ninguna.

De acuerdo con personal de la SCEP, hubo diputados con trayectoria y experiencia en esta clase de asuntos que hicieron solicitudes directamente a Oliva, ya sea personalmente o por teléfono.

“No enviaron cartas para que al momento de cualquier investigación sus nombres no aparecieran”, explicó una de las fuentes consultadas.

Otros legisladores, en su mayoría novatos, hicieron peticiones por carta. Mediante apuntes a mano, donde sugerían los nombres de las constructoras a contratar, montos a cobrar o teléfonos celulares de contactos, dejaron huellas que permitieron descubrir a constructores sobornados o empresas de familiares a quienes se les adjudicaron los proyectos.

Los casos

Hugo Rolando López Barrios, del bloque integracionista, envió una carta el 8 de febrero pasado, pidiendo que se asignen algunas obras del fondo que denomina “mi techo presupuestario”, el cual adquirió en Pacur al votar a favor del presupuesto.

Otro caso es el del diputado Jorge Mario Barrios Falla, quien hasta tuvo el detalle de sumar el precio que debía costar cada una de sus obras propuestas: “Q400 mil, Q300 mil, Q400 mil y Q100 mil, para un total de Q1.2 millones”.

El 16 de enero de 2006, Rubén Darío Morales, del PAN, pidió adoquinar calles en Salamá, Baja Verapaz. En su carta, escrita con lapicero, aparece junto a un número telefónico el nombre “Christian Darío Morales”, su hijo, quien resultó finalmente favorecido.

La discrecionalidad con la que se ha manejado Pacur ha llevado también a que algunos diputados se aprovechen de otros.

Rolando Morales, independiente, pidió un obra para Huehuetenango, asumiendo que la cubriría con “su fondo” de Q1.2 millones. Sin embargo, quedó sorprendido cuando descubrió que su solicitud fue valuada en Q4 millones.

En su carta enviada a la secretaría aparece escrito a mano el nombre del diputado Otoniel Fernández, con quien comparte oficina.

A Gudy Rivera, del Patriota, parece haberle sucedido algo similar, y hasta recibió un agradecimiento por escrito.

Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, agradeció en la revista de enero de la comuna a nueve diputados de la Gana y a Rivera, por haber “invertido sus fondos del Pacur” en su municipio.

“El alcalde que no me agradezca nada por Pacur. Yo he apoyado a comunidades en otras gestiones, pero aclaro que no tengo nada qué ver con Pacur ni con recibir créditos por haber invertido nada”, se defendió Rivera.

Jorge Méndez, presidente del Congreso, defendió el funcionamiento de Pacur, al argumentar que los diputados deben atender las solicitudes de sus comunidades. “Lo repudiable es aprovechar esa gestión para buscar beneficio personal”, manifestó.

“Es una ilegalidad legalizada, justo como lo hacía el FRG”

Pavel Centeno, analista independiente, hace un balance de lo descubierto sobre el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur) y cómo quedan el Gobierno y el Congreso después de la investigación publicada por Prensa Libre.

¿Qué opina de las anomalías descubiertas en el Pacur?

Una de las grandes debilidades del gobierno de la Gana es que su poca capacidad de negociación en el Congreso los obliga a crear una figura para poder hacerlo.

La compra de votos no se limita al Pacur, sino también a los megaproyectos: la franja transversal y el Anillo Metropolitano. Eso es penado por la ley desde un principio, aunque parezca legal.

El Ministerio Público debería investigar por qué las obras fueron a parar a familiares o amigos de diputados.

El Gobierno facilitó todo.

Jorge Serrano (ex presidente) empezó a corromper al Congreso de manera impune. Los políticos han utilizado al Congreso para favorecer al Ejecutivo, pero cuando no pueden, comienzan a pagarle.

¿Cómo queda el Gobierno?

Se reconoció que la negociación política y el Gobierno, que habla tanto de transparencia, quedan muy mal. Eduardo González, secretario ejecutivo y precandidato presidencial es quien queda peor parado.

¿Qué debería hacer el Ejecutivo?

Debería cancelar el Pacur. No es suficiente reformarlo, sino quitar a los diputados del control de obras.

Los diputados y González dicen que es legítimo que ellos gestionen obras para las comunidades.

Por supuesto que no es legítimo. Es absurdo. Las funciones de un diputado están claramente definidas: legislar, no gestionar proyectos. Es un insulto a la población guatemalteca.

Que lean la Constitución. Desde el FRG se les viene desvirtuando a los diputados. Es inconstitucional meterlos en los Consejos de Desarrollo.

¿Qué se puede esperar?

Nada bueno. Porque un compromiso político es un compromiso político. Al final, los diputados se quedarán con sus obras y sus comisiones. Son obras “políticas” a cambio de un favor, y no de un consenso.

Es una ilegalidad legalizada por el Gobierno y buena parte de la oposición. Eso es lo que están haciendo, tal y como hizo el FRG con muchos asuntos públicos.

La OIM fue pieza clave.

La OIM es cómplice de todos estos actos. Hay que suspender todos los actos otorgados a la OIM y deducirle responsabilidades.

¿Qué hace una oficina de migraciones creando obras de infraestructura?

Investigación: Fiscalía inicia pesquisas

Evalúan solicitudes de diputados enviadas a la SCEP

Tras las publicaciones de prensa que revelaron negocios irregulares entre diputados tras la estructura del Pacur, el Ministerio Público inició una investigación de oficio.

La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Celvin Galindo, salió a buscar evidencias del supuesto beneficio económico que habrían obtenido algunos diputados en la adjudicación de obras públicas a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el aval de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

“Lo que estamos tratando es encontrar evidencia de algún tipo de delito con la que podríamos proceder ante los tribunales”, dice el fiscal.

Una de las primeras diligencias realizadas fue solicitar a la Secretaría los convenios y contratos elaborados para la ejecución de obra pública que ha celebrado con los constructoras participantes en el Pacur.

Asimismo, se tomó declaración a Efraín Oliva, subsecretario de la SCEP, quien es señalado de ser el vínculo directo entre el Pacur y los diputados.

Irónicamente, Oliva dijo a la Fiscalía no recordarse de quiénes eran los diputados que le habían solicitado obras, pese a que él se reúne constantemente con los distintos bloques partidarios en el Congreso.

Mientras la Fiscalía continúa con sus investigaciones, grupos pro justicia hicieron un llamado para que esta vez el Ministerio Público llegue al fondo del asunto, y no se quede a medias, como en otros casos.