Intervenciones telefónicas, sin control
En Guatemala no es indispensable contar con la autorización de un juez para llevar a cabo espionaje telefónico. Lo que durante años fue una práctica común del Estado, ahora está en manos de grupos de poder y del crimen organizado
Por: Carlos Menocal

El Congreso, con Efraín Ríos Montt como presidente, adquirió en 2001 una nueva planta telefónica. El entonces gerente de Guatel, Estuardo del Pinal, reconoció que por medio de ésta se podía hacer espionaje telefónico, con el equipo adecuado. Foto Prensa Libre: Archivo.

“Todo el mundo escucha a todo el mundo”, dice Ricardo Marroquín Rosada, ex jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), cuando habla de las escuchas telefónicas, una actividad difícil de detectar y que en el país es poco controlada por parte del Estado, pese a que el único que puede autorizarlas es un juez.

Según Marroquín, esta práctica, que durante el conflicto armado interno fue ejecutada por el Estado para vigilar a opositores políticos y líderes de opinión, se ha globalizado, y los aparatos utilizados se venden sin ningún problema.

En Internet, los equipos para intervenir llamadas y hacer espionaje telefónico cuestan entre Q5 mil y Q10 mil. La página www.sosespias.com ofrece incluso productos de contraespionaje, con los que se puede establecer si alguien es blanco de escuchas.

Por Q5 mil, una empresa que se dedica a este negocio ofrece paquetes especiales e instala una planta telefónica con un programa que graba las conversaciones del personal. Posteriormente, la información se envía a un disco duro para que sea analizada.

Para espiar y escuchar a los guatemaltecos, ya no se necesita de una oficina y personal que grabe las 24 horas y procese la información. Con una inversión no mayor de Q10 mil, cualquiera puede ser espía y escuchar conversaciones sin que nadie lo sepa, ni siquiera los usuarios.

Grupos organizados

¿En poder de quiénes están los equipos de escuchas en Guatemala? ¿Hay personal del Estado dedicado a espiar las conversaciones?

Iduvina Hernández, de la organización Seguridad en Democracia (Sedem), cuenta que las escuchas se han globalizado, con la tolerancia del Estado. “Sí hay equipo. Es conocido que está en manos de la Inteligencia Militar, la Guardia Presidencial y la SAAS”.

Jorge Ortega, vocero del Ejército, contradice la afirmación de Hernández, y asegura que la institución armada no posee tales aparatos. “Hay mucha gente que tiene rastreadores de frecuencia, pues los venden en Estados Unidos”, explica.

María Eugenia Morales de Sierra, procuradora adjunta de los Derechos Humanos, dice que estas escuchas están en manos de grupos ilegales poderosos.

“Durante nuestra gestión no hemos recibido denuncia alguna de escuchas telefónicas”, admite Morales.

Marroquín Rosada conoce a fondo la situación, ya que la SAAS sustituyó al Estado Mayor Presidencial, señalado de tener a su cargo los equipos de espionaje telefónico. Asegura que más de un grupo en el país tiene cómo intervenir llamadas.

“Grupos económicos, políticos, militares retirados y el crimen organizado tienen esos equipos. A ellos, además de escuchar, les interesa construir redes que se vinculan alrededor de su oponente”, sostiene.

Así, con una mínima inversión, profesionales y empíricos pueden tener acceso a las comunicaciones de más de 5.7 millones de usuarios de teléfonos móviles y casi un millón de líneas fijas, sin que exista control sobre esta actividad ilícita.

Sin poder

Óscar Chinchilla, superintendente de Telecomunicaciones, reconoce que, en Guatemala, el Estado poco puede hacer para controlar el espionaje.

“No se puede detectar ese tipo de acciones ilícitas porque no tenemos acceso a las redes de telefonía. Somos una entidad técnica, y la ley no nos faculta para hacer investigaciones”, explica.

En los últimos dos años, el Congreso de la República aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de Inteligencia Civil, que disponen las escuchas telefónicas para investigaciones penales. La responsabilidad queda en manos del Ministerio Público, como administrador de las averiguaciones.

Pero ninguna de las dos normativas tipifica el espionaje telefónico como delito.

La diputada Nineth Montenegro admite que Guatemala es un país vigilado.

“La hegemonía de la inteligencia ha dejado de estar en manos del Estado. Hay varias personas que la hacen desde lo privado”, afirma.

Si bien la liberación de la telefonía y la privatización de ésta la hizo competitiva, también la volvió vulnerable.

Mario Mérida, ex director de Inteligencia Militar y ex viceministro de Gobernación, resalta que la tecnología actual permite hacer ese trabajo sin tener autorización de quien distribuye o tiene bajo control las frecuencias, en este caso, las compañías.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, cree que la intimidad de los guatemaltecos está siendo violentada sin que nadie detenga tal situación.

“Estas vigilancias o espionajes se hacen desde la clandestinidad y son ejecutadas por militares retirados, o civiles que son contratados por estos grupos privados”, dice.

En Internet, un grupo de guatemaltecos autodenominado Hackesp enseña cómo convertir un celular en un receptor de señal para escuchar conversaciones que viajan en un mismo canal o frecuencia.

“Todo teléfono es un emisor y receptor de señal. Es un aparato de espionaje. Para ello se debe conocer el modelo, saber una combinación numérica, y listo”, cuenta uno de sus integrantes.

Por esta razón, todos los consultados coinciden en que es preferible abstenerse de hablar de asuntos importantes por teléfono.

Se puede intervenir cualquier aparato

Luego de una serie de entrevistas con personas especializadas en espionaje, se puede concluir que, en este mundo globalizado, nada es seguro.

La tecnología es capaz de intervenir un fax, un teléfono de vehículo, uno público e incluso aquellos aparatos que supuestamente cuentan con programas para garantizar la privacidad.

Las conversaciones por celular son relativamente fáciles de escanear, pues sólo con un aparato pueden pasar de inmediato a formar parte del archivo de una computadora. Aunque en Guatemala no se venden esos instrumentos, sí existen redes que los importan desde Taiwán, Japón, Estados Unidos e Israel.

Con poco dinero, puede adquirirse un modelo que se coloca en la línea telefónica.

Se graban todas las conversaciones que van por esa línea, o bien las retransmite a través de un emisor incorporado.

Los teléfonos inalámbricos también son inseguros. Incluso, alguien que posea otro teléfono inalámbrico podría seguir las conversaciones de otras personas.

Historia: Nos espían desde antaño

Los primeros casos de ese tipo de vigilancia ocurrieron durante la presidencia del general Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963). Todas sus conversaciones eran grabadas.

En 2001, el Congreso de la República, por orden de su entonces presidente, Efraín Ríos Montt, adquirió una planta telefónica con mil líneas, desde la cual se podía realizar espionaje telefónico, lo cual fue admitido por Estuardo del Pinal, gerente de Guatel en aquel tiempo.

El Procurador de los Derechos Humanos tuvo también una antena que grababa a distancia sus conversaciones.

Como parte de este mismo plan, se creó La Caja, un cuarto habilitado detrás de la Casa Presidencial, que luego fue trasladado al Cuartel General, y que contaba con equipos de comunicaciones.

Durante la gestión del ex mandatario Álvaro Arzú, las agrupaciones de derechos humanos aseguraban que el ex jefe de la seguridad presidencial Marco Tulio Espinosa efectuaba intervenciones telefónicas. Con Alfonso Portillo, los supuestos responsables eran Jacobo Salán y Napoleón Rojas.

Ningún teléfono es seguro

Ningún teléfono puede bloquear los sistemas más avanzados de espionaje.

En el caso de las líneas fijas, la única manera de detectar una intervención es con los aparatos que están a la venta con el nombre de “detector de captores”, que leen el nivel de la frecuencia y establecen si algo extraño ocurre.