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EDITORIAL
Afán de acallar cualquier crítica
En la sección de “Opinión de los Lectores”, de este diario, se publicó ayer una carta del alcalde capitalino, Álvaro Arzú, en la que trata de descalificar los comentarios de nuestro editorial de fecha 17 de enero con el título “Nueva obra vial origina dudas”.
La misiva, redactada en el conocido estilo hepático de ese funcionario, llegó coincidentemente en un día en que su vocera, María José Salas, envió a este matutino otra andanada de sus frecuentes cartas en las que trata de descalificar a los lectores que vierten sus opiniones en la sección creada para ellos, con el propósito de coartar su derecho a expresarse.
La “aclaración” de Arzú y la tozuda táctica de su vocera apuntan hacia un mismo propósito: desalentar a este periódico a publicar cualquier tipo de comentario o crítica desfavorable a la comuna o a sus funcionarios.
El argumento de Salas se basa en señalar que el correo electrónico o el número de cédula de quienes escriben en “Opinión de los Lectores” no son auténticos, por la simple razón de que –en el primer caso– se dirigió a la persona y no obtuvo respuesta y –en el segundo– porque el autor de la opinión no aparece en el registro de vecinos de esa comuna.
Según este último criterio, quienes no están avecindados en la capital no tienen derecho a opinar sobre ella. Esa primitiva forma de pensar no es nueva, porque el anterior vocero de Arzú, Enrique Montano, solicitó a este diario que se le permitiera verificar la vecindad de nuestros lectores como condición para publicar sus cartas, pretensión que, desde luego, fue rechazada.
Si se diera lugar a este raro capricho, las páginas de opinión de los periódicos se publicarían en blanco, y nadie podría opinar en programas radiales, por la imposibilidad de corroborar su identificación.
Rara vez, las filípicas de la comuna se refieren al fondo de las opiniones. En todo caso, nosotros hemos rechazado, tanto de esa como de otra institución, cualquier intento de vulnerar el legítimo derecho de los guatemaltecos a expresarse, respaldados en la Constitución de la República y en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, que enuncian que es libre la emisión del pensamiento sin censura ni licencia previa, y que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos, por actos propios de sus cargos.
Alguien debe explicar a Arzú y a sus colaboradores que los criterios personales –o juicios de valor– no son aclarables, por pertenecer al campo de lo subjetivo.
La comuna está afanada en controlar a quienes opinan, en un claro estilo de las dictaduras en donde está prohibido criticar, excepto si ese ejercicio es para adular. Es también de corte fascistoide la propaganda para acallar las críticas, como el torpe manejo dado en la semana recién pasada al tema de los atascos viales en la calzada Aguilar Batres, con argumentos tan infantiles como decir que esa arteria está saturada desde el 2003.
Si eso es cierto, ¿a quién se le ocurrió la estupidez de restarle dos carriles? Por otra parte, es una falta de respeto afirmar que no hay atascos viales en esa arteria, cuando es imposible ocultar, por evidente, el sufrimiento de los usuarios.
La estrategia de Arzú es la misma de toda su vida como político o funcionario: no tolerar ningún punto de vista que no coincida con el suyo.
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Q 7.62134