Autoridades se enfrentan por entrega de licencias mineras y petroleras
Ambientalistas afirman que la débil legislación en esta materia permite que se otorguen permisos que atentan contra el medio ambiente en forma discrecional
Por: Leslie Pérez

Cerca del río Motagua, la planta procesadora de petróleo de la empresa Procesos Industriales Maya comenzó los trabajos de construcción sin contar con estudio de impacto ambiental. Foto Prensa Libre: Daniel Herrera.

La entrega de licencias para exploración y explotación minera por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin tomar en cuenta las advertencias de daños ecológicos que ha emitido el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), ha motivado descontento de ambientalistas y defensores de la naturaleza, que exigen a las autoridades que aprueben de forma inmediata la ley de minería que duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República.

La explotación de níquel en El Estor, Izabal, y la intención de licitar la exploración petrolera de tres áreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, son motivo de una pugna causada, según los ambientalistas, por la debilidad de una ley cuyas reformas llevan dos años en discusión, y que, tal como está, permite discrecionalidad para entregar permisos.

Sergio Véliz, director ejecutivo del Conap, aseguró que los dictámenes de esta institución están apegados a la Ley de Áreas Protegidas, que limita las actividades industriales en esas zonas, pero que, lamentablemente, no tiene la última palabra.

“Hemos resuelto en contra de los proyectos de explotación de níquel, en Izabal, y de petróleo, en Petén, pero quien dice sí o no es el Ministerio de Ambiente”, afirmó.

“No a la explotación de petróleo”

En el caso de Petén, el estira y encoge lleva más de seis meses. Pese al peligro que, según el Conap, supondría explotar petróleo en la zona, el MEM está dispuesto a lograr la aprobación a toda costa. En la agenda económica 2006-2008 del Gobierno, el presidente Óscar Berger ya la había incluido como una de sus metas.

Por ello, el MEM solicitó la revisión del dictamen negativo 138-2006, emitido por el Conap el 24 de abril. “No estuvimos de acuerdo e hicimos un nuevo planteamiento a Conap”, admitió Jorge García Chiú, viceministro de Energía y Minas.

Ana Luisa Noguera era secretaria ejecutiva del Conap cuando se emitió la resolución, y tres meses después fue destituida. “Yo no renuncié, mi salida fue decisión del presidente Óscar Berger”, dijo en ese entonces.

Algunos ambientalistas, entre ellos, Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal Ambiental (Calas), aseguraron que Noguera se marchó porque se había opuesto a los intereses del Gobierno para favorecer dos contratos petroleros en zonas de amortiguamiento, al sur de las áreas protegidas en Petén.

En caso de ser aprobado, este proyecto se hubiera sumado a los cuatro contratos de exploración y explotación petrolera que fueron otorgados por el MEM entre 2005 y 2006 en La Libertad y Sayaxché, Petén; Chisec, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché.

Níquel en Izabal

Pese a las advertencias, el Gobierno autorizó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) la exploración y explotación de ese metal en el Estor, Izabal, el 17 de abril de 2006. Entre las razones por las cuales la disposición ha sido rechazada están las anomalías en el estudio de impacto ambiental, el cual, al parecer, fue fraccionado, en contra de lo que establece la ley.

Además, no se consultó a la población y el paso de barcazas con material por el río Dulce y el Lago de Izabal han ocasionado daños ambientales.

Véliz destacó que han transcurrido 19 semanas desde que emitieron opinión desfavorable y aún no han recibido respuesta.

Mario Dary, ministro de Ambiente, aseguró que no hubo fraccionamiento y que no han suspendido la licencia a la CGN porque la decisión técnica para el transporte aún no está tomada.

Regina Rivera de Cerezo, gerente corporativa de la CGN, afirmó que el estudio de impacto ambiental se presentó en la forma, con el contenido y las especificaciones que exige el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento ambiental (acuerdo gubernativo 23-2003).

Además, dijo que aún no han empezado a construir la planta porque está pendiente la aprobación del estudio, y que buscan solución al transporte de materiales y suministros, a fin de no dañar la biodiversidad.

Persisten las dudas

Otro caso es el de la licencia que el MEM le otorgó a la empresa Petro Latina para que extrajera petróleo a inmediaciones del Parque Nacional Laguna Lachuá, en Chisec, Alta Verapaz. Éste es considerado área protegida, y nunca se les consultó al Conap ni a los pobladores. “El proyecto está cerca del área sagrada conocida como Salinas Nueve Cerros. Es una zona rica en biodiversidad ecológica, en donde podrían desarrollarse proyectos turísticos”, dijo José Manuel Chacón, del Colectivo MadreSelva.

También está el caso de la empresa Procesos Industriales Maya, la cual, pese a que cometió irregularidades, como haber empezado a construir la planta sin licencia, consiguió en tiempo récord (un año) la autorización oficial para operar.

A eso se suma que unos 200 pobladores del Riego Rancho, El Jícaro, expusieron al MARN su descontento porque la refinería se construia a escasos metros del río Motagua.

El ministro de Ambiente reconoció que esta empresa inició los trabajos sin licencia, por lo que se le impuso multa de Q78 mil, pero posteriormente llenó todos los requisitos. El MEM también la multó con Q100 mil y ordenó la suspensión de los trabajos, a finales de diciembre de 2005; sin embargo, la construcción de la planta ya finalizó, y dentro de poco empezará a procesar crudo, según García Chiú.

En varias ocasiones, Prensa Libre ha intentado entrevistar al representante legal de Procesos Industriales Maya, José Schlosser Noke, pero no ha recibido respuesta. Los representantes de las otras empresas señaladas también se han negado a dar su versión.

Exigen pronta aprobación de ley

Raquel Zelaya, quien integró la comisión de Alto Nivel que el Ejecutivo instaló en 2005 para evaluar cambios a la Ley de Minería, opinó que es urgente que se apruebe una normativa que suspenda temporalmente esos permisos, mientras se modifica la legislación actual.

Agregó que en la exposición de motivos de la iniciativa que fue trasladada al Gobierno el año recién pasado se mencionaba la necesidad de modificar lo referente al porcentaje de ganancias y a la presentación de estudios técnicos. “Se les explicó a los diputados, y todos estuvieron de acuerdo en apoyar la moratoria. Ahora sólo es de pasar de las declaraciones a las acciones”, destacó.

Julio Morales, diputado de la Unidad del Cambio Nacionalista y miembro de la Comisión de Energía y Minas, dijo que no ha habido voluntad para aprobar una nueva ley, pese a los casos documentados sobre irregularidades en el otorgamiento de licencias, los cuales llegaron a esa sala el año pasado. Aseguró que impulsará de nuevo la discusión de los cambios a esa norma en los próximos días.

Estudios de impacto, el problema

Óscar Núñez, director Ejecutivo de Defensores de la Naturaleza, resaltó que los cuestionamientos se han dado porque la ley actual es muy débil en cuanto a los requisitos para presentar estudios de impacto ambiental, los cuales, opinó, los puede efectuar cualquier persona, sin los análisis técnicos necesarios. “Son requisitos de cajón que puede elaborar un bachiller en Ciencias y Letras”, refirió.

La diputada del Frente Republicano Guatemalteco Lucrecia Marroquín de Palomo, de la Comisión de Ambiente, dijo que el común denominador al otorgar los permisos es que se hace con base en estudios efectuados desde un escritorio.

Mellini expuso que los contratos petroleros, las licencias mineras, los derechos de aprovechamiento de agua y las plantas de procesamiento de hidrocarburos, son ejemplos de conflictividad entre dependencias del Estado y municipalidades. “El problema, añadió, se debe a que no se cuenta con una legislación integral, la poca información y la escasa participación de los pobladores, que serían los más afectados”, comentó.

Véliz sugirió: “Aun para la exploración deben exigirse estudios, previo a que sean adjudicados”.

El problema es que mientras las autoridades ambientales y de minería quieren lograr un desarrollo al agilizar la aprobación de estos proyectos, los ambientalistas coinciden en que no han servido para sacar del subdesarrollo a las comunidades cercanas a donde se realiza la exploración.

VISIONES

Estudios deben ser antes de exploraciones

El secretario ejecutivo del Conap, Sergio Véliz, explicó que la ley sólo los faculta para conocer los casos de proyectos industriales que se desarrollarán exclusivamente en áreas protegidas; sin embargo, opinó que tanto en éstos como en los de exploración se deben de efectuar estudios de mitigación antes de ser adjudicados.

De hecho, afirmó que el año recién pasado sólo recibieron dos consultas, una del transporte de maquinaria pesada en el río Dulce y el Lago de Izabal, y otro de la exploración de petróleo en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya.

Aunque aseguró que no hay posturas encontradas en el Conap, sino decisiones basadas en ley, las opiniones de la institución en ambos proyectos no han sido favorables.

Compromisos: Han demonizado los EIA

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Dary, consideró que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son compromisos que las mismas compañías asumen, por medio de los cuales se responsabilizan para no dañar el medio ambiente. “Todos piensan que son instrumentos sucios y corruptos hechos al tacuche y a la medida. Eso no es así, lo que el ministerio otorga es una licencia de operación que está sujeta a supervisión posterior”, resaltó.

Agregó que los EIA se otorgan con base en análisis técnicos y jurídicos, cuyas consultas se realizan de acuerdo con lo que ordenan las leyes, y son responsabilidad de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.

Dary aseguró que han hecho las consultas según el marco legal, o sea, tanto al Conap como a los interesados, ya que parte del requisito es que sea publicado en el diario de mayor circulación.

Petén: En zona de amortiguamiento

El Conap recomendó al Ministerio de Energía y Minas excluir del proyecto de exploración y explotación de petróleo los límites de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya y del Complejo 3 del Sur de Petén.

Luego, sugirió que presente el estudio de impacto ambiental y la necesidad de entregar planes de mitigación del impacto en las zonas protegidas.

Alta Verapaz: Cerca de Laguna Lachuá

La organización Colectivo MadreSelva reportó que pobladores qeqchís se han opuesto a que la compañía Petro Latina inicie trabajos de exploración y explotación de petróleo cerca del área conocida como Salinas Nueve Cerros, la cual es considerada sagrada y se encuentra cerca del Parque Nacional Laguna Lachuá, en Chisec, Alta Verapaz. Además, es rica en bosques y en biodiversidad.

Izabal: Transporte por Lago de Izabal

Diecinueve semanas han transcurrido desde que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas emitiera opinión negativa sobre el cuarto tomo del estudio de impacto ambiental, presentado por la Compañía Guatemalteca de Níquel, para el traslado, no sólo de maquinaria pesada, sino del material que extraigan de la mina, a través de barcazas por el río Dulce y el Lago de Izabal.

Leyes: Marco legal

Normativa dispersa y requisitos mínimos:

Ley de Ambiente: en su artículo 8 establece que para todo proyecto que pueda producir deterioro a los recursos naturales será necesario, previo a su desarrollo, un estudio de evaluación del impacto ambiental.

Acuerdo gubernativo: el Ministerio de Ambiente, en coordinación con el interesado, informará al público que se ha presentado el instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objetivo de recibir observaciones o incluso la manifestación de oposición, para lo cual sólo cuenta con 20 días.

La información al público deberá difundirse por los medios de comunicación que acuerden el interesado y ese ministerio.

Requisitos de los EIA: datos generales del proyecto, resumen ejecutivo del estudio en disquete de 3.5 pulgadas, certificación del registro de la propiedad del predio en donde se va a ejecutar el proyecto o actividad económica, planos de ubicación y localización y topográfico, entre otros.