EDITORIAL
En torno de la carrera pública

Las reformas a la Ley de Servicio Civil, propuestas por el Ejecutivo al Congreso de la República, deben ser sometidas a análisis minucioso y profundo antes de su aprobación, con el propósito de encauzar el desempeño de los funcionarios y empleados públicos por derroteros de eficacia y eficiencia.

Aparentemente, estos dos últimos aspectos han sido tomados en cuenta por el vicepresidente Eduardo Stein, un ardoroso defensor de la reforma, porque en sus argumentos sobre ella suele fundir la dicotomía de estabilidad y calidad de los burócratas como razón para considerar urgente aquella norma.

Esa visión de Stein da razón para ver esos cambios como una oportunidad de resolver diversos vicios en la fuerza laboral del Estado, como las contrataciones por compadrazgo o clientelismo, sin tomar en cuenta capacidades y cualidades de los beneficiados, y, a la inversa, el pago injusto y la discriminación salarial, jerárquica y de otro tipo, para quienes merecen mejores pagas y puestos, pero carecen de la bendición política acostumbrada.

Una ley con la posibilidad de resolver el lastre del mal desempeño del sector público, una de las causas del subdesarrollo del país, debe fundarse en la aspiración de un Estado transparente, moderno, eficaz y eficiente, y al servicio de las personas y sus derechos.

Es imperativa la coerción que garantice a los guatemaltecos cobertura de los servicios considerados monopolio del Estado, como la seguridad pública, la defensa territorial, la aplicación de justicia, la legislación, ciertas actividades a cargo de las comunas y de otras instituciones y, en menor grado -porque también las presta el sector privado- la salud y la educación, en condiciones de calidad y celeridad tanto en el trámite como en prestación o acceso a ellos.

Es inseparable del buen desempeño la exigencia, en todas las instancias del Gobierno, de la rendición de cuentas, la fiscalización y la garantía del derecho del público a practicar auditoría social, en especial, para fortalecer la conducta en competencia y solvencia moral.

Un viejo dilema en el sector público reside en la dificultad para medir el buen desempeño, y eso hace difícil, aunque no imposible, un sistema de paga por resultados, en el que el empleado tuviera asegurado un monto fijo más un complemento por los resultados obtenidos.

Pero como están las cosas en Guatemala, con esa fórmula se verían en serios aprietos salariales los fiscales ineficientes en investigaciones, jueces sin sentencias, policías sin capturas, diputados sin leyes o fiscalización, contralores sin detección de corruptos, médicos sin trabajar y maestros dedicados a la holganza.

Obviamente, esto es improcedente a la luz del papel tutelar y preventivo del Estado en diversos ámbitos, en donde la sola presencia o vigencia de la autoridad previene conductas reprobables.

Pero la evaluación del desempeño resulta ineludible en una norma que aspire a garantizar la atención correcta del ciudadano, la simplificación administrativa y la rendición de cuentas.

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