EDITORIAL
Saca toma una medida serena

A consecuencia de una conversación sostenida por el presidente guatemalteco, Óscar Berger, con su colega salvadoreño, Antonio Saca, este último dio declaraciones ayer a la prensa vecina e internacional en las que cambió el tono de sus anteriores referencias a Guatemala y a sus autoridades como consecuencia del asesinato, tanto de los diputados al Parlacen como de los policías sospechosos de haber cometido el crimen.

Esto demuestra que una conversación de ese tipo era obligada desde el momento en que la emotividad del mandatario salvadoreño, aunque justificada por la muerte violenta de tres miembros de su partido, había rebasado los límites de lo aceptable y se había convertido en la posibilidad de un enfrentamiento entre los ciudadanos de los dos países.

Por un lado, el presidente Saca merece reconocimiento por haber rectificado en su actitud, y haber asumido la que le corresponde, es decir, convertirse en un colaborador de las investigaciones en lo que corresponde a El Salvador. Con ello se ayuda a que el crimen tenga siquiera alguna posibilidad adicional de ser aclarado y con ello reducir en algo el desprestigio sufrido en este momento por el Gobierno guatemalteco.

La criminalidad desatada no es un problema exclusivamente de Guatemala. En El Salvador es también alarmante y lamentable el número exageradamente alto de crímenes de todo tipo, entre otras causas y motivos, por la presencia de las maras y otras expresiones criminales que están siendo combatidas con dureza, pero también porque hay elementos de las fuerzas de seguridad infiltrados por el crimen organizado.

Las nuevas declaraciones del presidente Saca no deben ser consideradas equivalentes a un olvido ni un descuido suyos para poder presionar, en la medida que lo permite la prudencia, la diplomacia y la certeza de que se trata de un problema común entre los dos países. Esclarecer el crimen y castigar debidamente a los culpables debe convertirse en la principal meta del actual gobierno en estos últimos 10 meses del mandato del presidente Berger.

En referencia al Gobierno guatemalteco, aún queda en el ambiente la sensación de que las máximas autoridades no reaccionaron con la celeridad necesaria, a causa de no haber comprendido la magnitud de lo ocurrido y, sobre todo, de sus consecuencias de todo tipo, en especial la percepción, compartida por la ciudadanía, de total impotencia ante la seguridad de no tener forma alguna de defenderse de la acción criminal, en la que están involucrados altos jefes de los diversos cuerpos policiales de servicio en el país.

El régimen salvadoreño puede ahora dar una muestra positiva por medio de calmar la situación, porque también es culpable de no haber medido las consecuencias de permitir que se calificara a todos los guatemaltecos de criminales. Eso es una falacia de generalización imperfecta, inaceptable en la voz de un mandatario. En ambos países, la abrumadora mayoría condena esos crímenes y eso es realmente lo que importa.

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