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Director de PNC conoce nombres de autores intelectuales
Informa de hallazgo y señala que agente de Dinc capturado debe revelar detalles en el tribunal
Por:
Julio Lara, Coralia Orantes
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| Erwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil. Foto Prensa Libre: Mario Linares. |
Erwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró ayer que conoce los nombres de las personas que ordenaron a cuatro agentes de la División de Investigación Criminal (Dinc) ultimar a tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y a su piloto, el 19 de febrero recién pasado.
En conferencia de prensa, dada en la Dirección General de la PNC, Sperisen afirmó que son traficantes guatemaltecos los autores intelectuales de ese crimen.
Añadió que Marvin Contreras, agente de la Dinc detenido, tiene que revelar los nombres de esas personas, en el tribunal.
“Cuando la investigación esté terminada, lo daremos a conocer; por el momento, tenemos que ir de la mano con el Ministerio Público”, expresó.
Mencionó que saben que los agentes que cometieron el crimen contra los parlamentarios salvadoreños buscaban algo en el vehículo de éstos, pero ignoran de qué se trata.
Los cuatro policías capturados fueron asesinados en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, el 22 de febrero último.
Sperisen informó que no han podido aclarar si fue un grupo el que ingresó en el penal, pero continúan con la teoría de que fueron pandilleros.
Añadió que, el miércoles último, el comisario Víctor Soto dijo que, cuando capturaron a los policías implicados en el cuádruple crimen, intentaron negociar; a cambio, revelarían los nombres de las personas que los habían involucrado en el hecho.
“Para nosotros, capturarlos fue un desgaste público, pero preferimos hacerlo así”, aseveró.
Reunión de fiscales
Juan Luis Florido, fiscal general de Guatemala, y Félix Garried Safié, su homólogo de El Salvador, se reunieron ayer en Honduras para hablar del combate de las pandillas juveniles.
En esa cita analizaron los resultados de las investigaciones relacionadas con la muerte de tres diputados salvadoreños.
Ninguno de los dos contestó a las llamadas que se les hicieron, pero Mauricio Segura, de la Sección de Prensa de la fiscalía salvadoreña, confirmó la reunión.
Detalles de la investigación
Desde la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, la investigación ha tenido diversos cambios. Tres días después del crimen se logró la captura de los autores materiales -cuatro policías-, pero 72 horas después de su detención, fueron ultimados en la cárcel El Boquerón.
Crimen: el 19 de febrero último aparecen muertos los parlamentarios Eduardo D’aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y su piloto, Gerardo Ramírez, en la aldea El Jocotillo, Villa Canales.
Captura: el 22 de febrero se logra la captura de José López, Marvin Escobar, José Gutiérrez y Luis Herrera, agentes de la División de Investigación Criminal, como los supuestos autores materiales del crimen. Ese mismo día son trasladados del reclusorio preventivo de la zona 18 a El Boquerón, Santa Rosa.
Asesinato: el 25 de febrero matan a los cuatro agentes, y aún se investiga si sus victimarios eran pandilleros o un comando armado que ingresó en el penal.
Se entrega: el 28 de febrero, Marvin Contreras, uno de los policías vinculados al crimen contra los diputados, se entrega a las autoridades, y se le dicta prisión por el delito de asesinato.
FBI: el 6 de marzo, el Buró Federal de Investigación empieza su trabajo de asesoría.
Más evidencia: el 7 de marzo, el MP informa que descubrió que los diputados fueron torturados en la finca Parga, kilómetro 26 de la ruta a Santa Elena Barillas, y el video registrado por las cámaras de la gasolinera Texaco muestra el momento en que se compra el combustible para quemar el auto de los parlamentarios.
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Juez noveno efectuó cambios a resolución
El juez noveno de Primera Instancia Penal modificó la resolución que le da potestad a la Procuraduría de los Derechos Humanos para conocer la investigación que se sigue por el asesinato de tres diputados salvadoreños.
El juez decidió que las autoridades pueden “poner a la vista” la documentación, siempre y cuando no se perjudique la investigación.
El jueves último, representantes de la Procuraduría se presentaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil, con el fin de documentarse sobre el caso, pero en ambas instituciones les negaron copias de los documentos.
También los abogados de los policías asesinados solicitaron que se cierre la persecución penal contra sus clientes, ya que éstos murieron.
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