Impunidad rodea proceso
Señalan a agentes de haber dado muerte a compañero de ORP, porque descubrió que integraban banda de robafurgones
Por: Lorena Seijo

El asesinato del subcomisario Carlos Calel Guzmán, quien descubrió una banda de robo de furgones integrada por policías, tiene posibilidades de quedar impune, después de la clausura provisional del caso, dictada por el juez Tyron Eduardo Ayala, de El Progreso.

El subcomisario Calel, del programa de denuncias Cuéntaselo a Waldemar, de Villa Nueva, fue asesinado por tres hombres, frente a su mujer e hija, cuando se disponía a ingresar en su vivienda, en El Progreso, el 16 de julio de 2006.

Las mujeres describieron a los atacantes, con cuyos datos se hizo una foto robot y se logró individualizar a los sospechosos.

Las dos reconocieron a tres policías como responsables del crimen.

El descubrimiento se produjo en una selección de 30 fotos que les mostró la Fiscalía de Villa Nueva, en presencia de un abogado de la Defensa Pública. Las testigos mencionaron que unos días antes, uno de ellos llegó a preguntar por Calel a su casa.

“Desde el principio planteamos la hipótesis de que se tratara de alguien a quien Calel hubiera investigado o detenido, ya que se recibieron amenazas por la vía telefónica”, comentó Blanca Lily Cojulum, fiscal del caso.

Ninguno de los testigos presenciales accedió a declarar, porque fueron amenazados.

Un juzgado de El Progreso ordenó la captura de los tres sospechosos: Marvin Yobany Muñoz, Hugo Rolando Morales Vásquez y Marco Vinicio Rivera, en noviembre de 2006.

En esa época, Muñoz y Rivera ya habían abandonado la Policía, debido a que había una investigación en su contra por integrar una banda que robaba furgones, descubierta por Calel.

Morales era el único que continuaba en la institución.

El oficio 029-003, del 11 de septiembre de 2003, da cuenta de un operativo policial en el que se persiguió un vehículo que había participado en el robo de un furgón.

El documento señala que hubo enfrentamiento entre los policías, incluido el subcomisario Calel y los supuestos delincuentes. En el hecho, uno de ellos fue lesionado.

Según Calel, en el vehículo de los supuestos delincuentes se transportaban los agentes Muñoz y Rivera.

Para que no se efectuara ninguna investigación penal, se envió al Ministerio Público un oficio alterado, firmado por el jefe de la subestación de Amatitlán, Gilberto Martínez, quien era superior de Muñoz y Rivera.

El parte policial señala que se suscitó un enfrentamiento confuso entre policías, que vestían de civil, y desconocidos.

La Fiscalía recopiló evidencias y constató la alteración del mencionado documento.

Debido a la rotación de jueces que se puso en marcha a finales de 2006, en el Organismo Judicial, la jueza del caso Calel fue sustituida por el juez Ayala.

El 1 de marzo último, Ayala decidió clausurar provisionalmente el caso, hasta que la Fiscalía aporte más evidencias.

“Había pruebas suficientes para llevar el caso a juicio; es más, estoy convencida de que los hubieran condenado. Por ello, apelé la resolución”, afirmó la fiscal.

Pero el daño estaba hecho. El mismo día en que se clausuró el proceso, los dos sindicados de haber ultimado a Calel fueron puestos en libertad.

Ese día, al reclusorio preventivo de la zona 18 llegaron a escoltarlos en su salida varios de sus ex compañeros, uniformados, en el autopatrulla 12-007.

El tercer imputado, Marco Vinicio Rivera, aún está en prisión, porque su proceso penal fue llevado por separado, pero la fiscal cree que es probable que también lo dejen en libertad.

En su declaración ante juez, uno de ellos aseguró que tenía pensado marcharse a los EE.UU., pero aún así se les dejó en libertad.

Aunque se intentó contactar al juez Ayala en El Progreso, no se atendieron las continuas llamadas telefónicas hechas ayer desde las 14 horas.

Trayectoria: Honorable

Víctor Rosales, ex jefe de la ORP, quien fue superior directo de Carlos Calel, asegura que el investigador “era una persona correcta, muy cumplidora, dedicada a su trabajo”.

Hizo énfasis en que, después de haberse ejectuado algunos operativos en contra de policías corruptos, “empezaron a darse amenazas en su contra”.

Añadió: “Un día me contó que había visto gente sospechosa en la oficina y me pidió que lo cambiáramos de puesto, y lo enviamos a la Subdirección de Seguridad Pública”.

Juez: Resolución

En la resolución del juez Tyron Eduardo Ayala, a la que tuvo acceso Prensa Libre, se especifica que se da con lugar la clausura provisional del caso, y que se levantan las medidas de coerción contra los sindicados, mientras se incorporan los elementos de prueba siguientes:

Reconocimiento fotográfico como evidencia anticipada, la prueba balística de los cascabillos recogidos en el lugar del crimen y la lista de los vehículos del país que tienen en la matrícula los números 631, a fin de establecer si alguno pertenece a los acusados.

Según la fiscal, no se aportó la identificación anticipada, porque los testigos iban a acudir al juicio; no se practicó la prueba balística, porque no se tenía el arma homicida, y no se pidió el registro de autos, porque no se poseía el número completo de la placa.