COLABORACIONES
Homicidios no llegan a juicio
El aumento persistente de la violencia coloca al país en una situación incómoda a nivel mundial. Expertos abogan por una reconquista del Estado de derecho y por la ejecución de políticas de prevención y sanción del crimen.

• Para lograr justicia

Jueces, abogados y burócratas deben ser reentrenados.

Por: Anders Kompass*

Varios países en Asia, la antigua Unión Soviética, Europa del Este, América Latina, el África subsahariana y el Medio Oriente se han embarcado en una amplia gama de iniciativas para reformar el estado de Derecho, pero reescribir constituciones y leyes es la parte sencilla; las reformas de gran alcance implican un arduo y lento proceso. Jueces, abogados y burócratas deben ser reentrenados; el sistema de justicia, las fuerzas policiales y las prisiones, reestructurados. Y para que el concepto de la ley y la justicia realmente se transforme, hay que involucrar a todos los ciudadanos.

La experiencia muestra que los principales obstáculos no son técnicos ni financieros, sino políticos y humanos; sólo se alcanzará el éxito si se ataca el problema fundamental de los líderes que rehúsan ser regidos por la ley.

Mientras el sistema esté infestado de corrupción y cinismo, no habrá estado de Derecho; las élites sólo renuncian a sus intereses y a su tradicional impunidad cuando enfrentan una gran presión. Aun la nueva generación de políticos se opone a apoyar reformas si éstas generan cuadros rivales más allá de su control.

El estado de Derecho puede definirse como un sistema en el cual las leyes son de conocimiento público, claras en su significado y aplicadas a todos por igual. Ellas representan y protegen las libertades civiles y políticas que han adquirido un estatus universal, al ser reconocidas como derechos humanos. En particular, el derecho de cualquier persona a tener una pronta y justa audiencia y a ser considerada inocente hasta probar lo contrario.

Las instituciones del sistema legal deben ser razonablemente competentes y eficientes. Los jueces deben ser imparciales e independientes, no sujetos a ningún tipo de influencia política o manipulación. Y tal vez lo más importante sea tener funcionarios públicos que comprendan que la ley se aplica también a ellos.

El estado de Derecho no es una idea nueva; está recibiendo mucha atención porque fortalecerlo permitirá consolidar tanto las democracias como las economías, en un momento en el que ambas están en transición.

También ayudará a controlar la corrupción y el crimen, problemas que frustran a los ciudadanos y nublan los esfuerzos. El crimen erosiona el apoyo de la población a la democracia, y perjudica la economía, al ahuyentar la inversión extranjera e interferir con el flujo de ideas, bienes y personas.

(*) Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala.

• Prevención y sanción

Muertes violentas van en aumento.

Por: Luis Ramírez*

Con asombro observamos que los índices de muertes violentas han aumentado en los últimos años.

En 1998 se produjeron cerca de 25 homicidios por cada cien mil habitantes (hpcm), y para el año 2006 encontramos 42 hpcm.

El incremento, en términos absolutos, significa de dos mil 700 en el año 1998 a cerca de seis mil muertes violentas el año pasado. El promedio en el mundo es de siete hpcm.

Según esta información, nuestro país se encuentra entre los 10 más violentos del mundo. Las cifras también indican que en los lugares en donde existe mayor presencia indígena, el índice de muertes es menor. Incluso, presentan tasas de menos de 10 hpcm.

Por el contrario, existen zonas rojas, de población con menor presencia indígena, en donde la tasa se eleva a más de 70 hpcm.

Las estadísticas reflejan que las muertes son causadas, en más del 70%, por armas de fuego, y que de cada 100 muertes, el sistema de justicia logra sentencias únicamente en cuatro.

Con estas cifras, conocidas ampliamente por las autoridades responsables de las políticas de seguridad y justicia, las decisiones para disminuir este tipo de hechos deberían de orientarse a limitar la portación de armas de fuego y fortalecer el sistema de justicia.

Lo hecho por las autoridades de justicia y seguridad a partir de los acuerdos de paz parece indicar que vamos por el camino contrario.

El colmo de esta situación, además de la indiferencia de las autoridades responsables de la persecución penal, es que miembros de las fuerzas de seguridad, principales responsables de garantizar la vida, estén involucrados en este tipo de hechos, ya sea por sus vínculos con el crimen organizado o bien por dedicarse a eliminar delincuentes.

La responsabilidad no sólo recae en el Ministerio Público y en el Ejecutivo, por sus políticas erróneas de persecución delictiva, sino que también en el Congreso de la República.

Desde hace varios años se discute una ley para limitar la portación de armas de fuego, la cual, por defender intereses de las empresas de seguridad, comerciantes de armas e intereses del Ejército por mantener el control del Decam, se encuentra engavetada, esperando supuestos consensos políticos.

La profunda crisis policial, que puso al desnudo la muerte de los parlamentarios salvadoreños, es una oportunidad para la búsqueda de soluciones radicales al incremento de las muertes violentas. Depurar la Policía, dignificar su función civil y fortalecer su capacidad de investigación criminal dentro de la ley, debería ser una decisión impostergable.

Las cifras por muertes violentas reflejarán su grado de compromiso.

(*) Analista, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.