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Impunidad favorece a ex ministros y a Portillo
Sentencias señalan a altos ex funcionarios como responsables
Por:
Lorena Seijo
El fraude de Q58 millones, supuestamente cometido por medio del Ministerio de Comunicaciones por los funcionarios del FRG Luis Rabbé, Manuel Maza Castellanos, y el propio ex presidente Alfonso Portillo, sigue impune, ya que a pesar de que el Tribunal Décimo de Sentencia ordenó que fueran investigados, ninguno ha respondido ante la justicia por ese delito.
En la causa 5041-2002, el Tribunal absolvió, el 7 de agosto del 2007, a los trabajadores del Ministerio de Finanzas Alfredo Chabaj Cujcuj y Vinicio Ortiz Melgar, y al empresario Jaime Armando García Curley, del fraude de Q58 millones, cometido a través del doble pago de la construcción de una carretera, durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Este caso, que tardó cinco años en ir a sentencia absolutoria, es un buen ejemplo de cómo los funcionarios de bajo perfil sí tuvieron que enfrentar proceso, pero sus superiores, de quienes recibieron órdenes, siguen disfrutando de la impunidad.
De hecho, el argumento para absolver a los dos empleados de Finanzas acusados de haber facilitado la malversación de los fondos es que ambos recibieron órdenes.
“...de lo apreciado en el debate se advierte que inicialmente hubo una reunión a nivel del Ministerio, en donde el ministro Maza Castellanos indicó a su personal que, derivado de una reunión con el entonces presidente Alfonso (Portillo) Cabrera, el ministro Maza se había comprometido a dar apoyo al ministro de Comunicaciones, el señor Luis Rabbé. En ese orden de ideas los hoy acusados reciben una orden de faccionar, revisar y firmar los CURs contables correspondientes ....”, se lee en la sentencia.
La resolución deja la puerta abierta para que el Ministerio Público acuse a los verdaderos responsables del fraude, algo que, por ahora, no ha hecho.
El único vinculado al caso es el ex ministro Maza, que está prófugo desde hace cinco años. Los demás, o viven tranquilamente en Guatemala, como Rabbé, o disfrutan de su exilio en México, como Portillo.
Según la Fiscalía contra la Corrupción, este fallo ha sido apelado, por lo que hasta que no esté la sentencia en firme no se podrán empezar otras acciones.
El fiscal asegura que los empleados de Finanzas y el empresario eran conscientes de que eran parte de un fraude al Estado.
A Rabbé y a Maza también se les acusó de haber desviado más de Q150 millones en el proyecto Caminos de la Oportunidad, en el que las carreteras pagadas nunca fueron construidas o fueron sobrevaloradas, otro caso que no fue resuelto por la Fiscalía contra la Corrupción.
Historia: La quiebra
Con la quiebra de los bancos Promotor y Metropolitano, de Francisco Alvarado Macdonald, salieron a luz pública las estrategias de algunos funcionarios del gobierno del FRG y sus financistas, utilizaban para agenciarse de fondos públicos.
Entre ellas se encontró el pago de obras que aún no habían sido terminadas, y la doble amortización del dinero, en la que un pago se lo quedaba el empresario y el otro era desviado hacia las arcas de los funcionarios.
El dinero de las obras, en lugar de ser depositado en la cuenta del cliente, era transferido a otros depósitos de inversiones financieras.
Esta transferencia se hizo con el pleno conocimiento de que los referidos bancos iban a ser intervenidos por el Estado. Como el monto pagado ya había sido retirado antes de la intervención, mas no por la empresa contratada, el Estado tuvo que restituir el dinero.
Evidencias
Los acusados y sus superiores son:
Los acusados fueron los trabajadores del Ministerio de Finanzas Alfredo Chabaj Cujcuj y Vinicio Ortiz Melgar, y el empresario Jaime Armando García Curley.
Los empleados, por haber hecho el trámite de pago del dinero, y el empresario, por cobrarlo.
En el juicio salió a luz que el entonces ministro de Finanzas, Irán Maza Castellanos, dio la orden a sus empleados después de haberse reunido con el entonces presidente Alfonso Portillo, quien le pidió que cursara el dinero porque tenía que hacerle un favor a su ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé.
Maza Castellanos está prófugo de la justicia por ese hecho; Rabbé y Portillo nunca han sido vinculados al proceso.
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