EDITORIAL
Responsabilidad y culpabilidad

Es importante comentar acerca de la destitución del director de la Policía Nacional Civil, Julio Hernández Chávez, a consecuencia del asesinato de cinco jóvenes, por el que dos agentes policiales están ligados a proceso.

Esto es un ejemplo del destino que les debe esperar a los altos funcionarios de cualquier institución cuando se cometen hechos delictivos en los cuales las pruebas iniciales indican participación directa de sus miembros en condiciones que son totalmente inaceptables.

Se trata del tema de la responsabilidad de las personas que mandan, lo cual no necesariamente implica culpabilidad. Muchas personas consideran que los jefes deben ser castigados únicamente cuando son culpables directos. Pero lo cierto es que también merecen ese castigo cuando no han tomado las medidas necesarias para evitar que ocurran estos delitos gravísimos, y por ello, inaceptables.

Es obvio que no todas las faltas, delitos o crímenes que cometan un soldado, un maestro, un médico, justifican la destitución de un ministro, por ejemplo. Pero cuando agentes policiales -que son además miembros de la escolta del jefe de la Policía- utilizan automóviles institucionales para capturar a personas que luego aparecen asesinadas, la gravedad del caso hace que sea insostenible la permanencia de esa persona en la institución.

Un caso similar, que sentó un precedente en el asunto, fue el de la lamentable matanza de Xamán, en Alta Verapaz, durante el período del presidente Ramiro de León Carpio, quien aceptó la renuncia inmediata del ministro de la Defensa de entonces, aunque no se haya comprobado que autoridades militares hayan ordenado a los soldados disparar contra los pobladores de esa aldea. Por esa dimisión, el caso mencionado sentó un precedente histórico.

La destitución o aceptación de la renuncia de los jefes tampoco es suficiente. Las investigaciones oficiales deben dirigirse hacia dentro de la institución, porque también es evidente que los ahora acusados no podrían haber actuado solos.

En ese punto, el caso se parece a los asesinatos de los diputados salvadoreños y de los agentes policiales acusados, estos últimos con el agravante de haberse cometido dentro de las instalaciones de máxima seguridad.

Las posibilidades investigadas son cada una más aterradora que la otra: los policías fueron contratados por narcotraficantes, o éstos actuaron en represalia por no haber recibido su participación en la venta de droga.

Todo gira, entonces, alrededor de la infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales, tema del cual pocas personas tienen duda, pero que esta vez de nuevo se ha visto en sus efectos terribles.

Como ha sucedido en otros casos, no solo los acusados están en juicio, sino también se encuentran en el banquillo el propio sistema judicial y la voluntad política de llegar a las últimas consecuencias. Por ahora se ha dado el primer paso en el camino correcto, al relacionar la responsabilidad institucional como un factor de primordial importancia.