Los tres primeros meses de la administración de Álvaro Colom están marcados por la inseguridad, los hechos de violencia, los señalamientos, las contradicciones, la convulsión social, y una crisis económica que no parece ceder y que golpea la situación alimentaria en las zonas rurales.

En los primeros cien días de gobierno, el mandatario y su equipo de trabajo han tenido que enfrentarse a la crítica y al desencanto de la población, y los decomisos de droga constituyen los pocos hechos que han levantado la estima del Gobierno.

Las primeras críticas no se hicieron esperar desde los nombramientos de funcionarios. Muchos dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no estuvieron de acuerdo con la inclusión en su equipo de trabajo de personas ajenas al partido, como la designación de Orlando Blanco, como secretario de la Paz, y la de Carlos Barreda, como viceministro de Finanzas, ambos procedentes del Comité de Organizaciones Sociales.

“Se trata del otorgamiento de puestos y prebendas a cambio del apoyo recibido en campaña política”, lamentaron algunos sectores.

El anuncio de que no incluiría a diputados en el Gabinete, enfrentó a Colom con la bancada de su partido, en el que existe una clara división de fuerzas entre Mario Taracena, jefe de bloque; Manuel Baldizón, quien preside la Comisión de Finanzas, y Eduardo Meyer, presidente del Congreso.

Aunque las aguas en el Legislativo se han calmado, el descontento perdura, y será una bomba de tiempo con la que el mandatario deberá cargar.

El sector indígena también se sintió afectado y fue duro en los señalamientos al mandatario, a quien acusa de haber incumplido las promesas de campaña.

La segunda batalla que la administración Colom libró fue con el magisterio, por el nombramiento de Alfredo Tay Coyoy como viceministro administrativo de Educación. El presidente no tuvo más remedio que ceder a las amenazas de los maestros, y Tay Coyoy fue destituido, lo cual fue considerado por muchos sectores como una muestra de la sumisión del mandatario hacia aquel sector.

A esto se sumaron los conflictos por el retiro de Anabella Morfín y Marvin Rabanales del Consejo Nacional de Adopciones, quienes habían sido designados por la administración anterior.

El nombramiento de Sandra Torres de Colom, esposa del gobernante, como coordinadora del Consejo de Cohesión Social, instancia interinstitucional que coordina los programas de inversión social, también le ha ocasionado serios dolores de cabeza al mandatario, debido al carácter de ella y su trato inquisitivo hacia algunos funcionarios.

“Será una primera dama distinta”, advirtió Colom, el 22 de enero, respecto de las críticas en contra de su esposa.

La presentación de Gloria Torres Casanova, cuñada del presidente, como el enlace del partido con todos los alcaldes, también tuvo reaccciones negativas.

A los 10 días de mandato empezaron los problemas y amenazas de alza al pasaje en el servicio de transporte urbano, debido al incremento en los precios internacionales del crudo. Colom tuvo que ver de dónde sacaba dinero y elevar el subsidio a los autobuseros.

La elección de gobernadores supuso para el presidente un nuevo enfrentamiento con la bancada, puesto que los diputados querían participar en los nombramientos, y el jefe de Gobierno se oponía.

En medio de todo esto, la Conferencia Episcopal de Guatemala, que reúne a todos los obispos del país, expuso al mandatario su preocupación por los graves problemas de pobreza y seguridad del país.

Fue por ello que el 24 de enero Colom se dirigió a la población, en cadena nacional, para pedirle paciencia, y aseguró que se estaban buscando soluciones.

Reconoció que la situación de seguridad y de salud es crítica, y aseveró que ya se empezó con las primeras medidas, como la destitución de policías y la revisión de los servicios de emergencia.

Otro fracaso en estos tres meses fue la activación de la mesa de diálogo. Tres meses después de la presentación del Plan de los Cien Días, aún no hay nada concreto.

Esto, aunado a la violencia, la crisis económica, un retroceso en los estándares de competitividad y la renuncia del ministro de Economía, ponía al Gobierno en una situación difícil.

En febrero, el tema de la violencia mantuvo ocupado al mandatario, en especial por los asesinatos de pilotos de autobuses urbanos, las muertes violentas, el repunte de secuestros, y operativos infructuosos. La crisis en seguridad ponía al desnudo la falta de coordinación entre la PNC y el Ministerio Público, el mismo al que el mandatario le había pedido resultados en el corto plazo.

Colom salió al paso de las críticas y se reunió con los secretarios generales de los partidos de oposición, para pedirles apoyo en la aprobación de algunas leyes de seguridad, las cuales, poco a poco, han salido adelante, no así la encaminada a desarmar al país.

Pese a las medidas y operativos, la percepción de inseguridad ciudadana se incrementó el 5 de febrero, cuando cinco pilotos fueron asesinados, en lo que parecía un plan estructurado, en diferentes puntos de la capital. Dos días después se produjo otro ataque, en lo que se consideró una semana negra.

Este hecho, que generó caos, paro de buses y descontento de la población, fue el primero de una larga lista.

El 12 de febrero, en atención al clamor popular, el Congreso restituyó el indulto, con el fin de que se ejecutaran las penas de muerte pendientes. Atendiendo a las quejas de países extranjeros, Colom desoyó a la población y vetó la ley.

Para despejarse un poco del acontecer nacional y con el fin de cumplir con sus compromisos internacionales, el gobernante hizo varios viajes al extranjero, pese a que había ofrecido que durante los primeros cien días de su mandato, él recorrería las zonas rurales y quien viajaría sería el vicepresidente Rafael Espada.

El alza a la harina y a los combustibles; la noticia de problemas nutricionales en algunas comunidades, la deportación masiva de indocumentados y la depreciación del dólar, también han golpeado duramente la moral de la población.

Para desviar la atención se usaron algunos distractores, como la intervención de la obra del aeropuerto y el anuncio de que se abrirían los archivos militares, pero, hasta ahora, no ha habido resolución en ninguno de los dos casos.

Los viajes del presidente continuaron en medio de la polémica que desató el hecho de que aceptara que empresarios le proporcionaran sus aviones privados, en lugar de hacerlo en vuelos comerciales. Pese a los señalamientos y las suspicacias que esa medida generó, Colom siguió asegurando que no acepta presiones de ningún sector y que no habría favores a cambio.

Si algo le hacía falta a la población, para agudizar el clima de inseguridad, fue la matanza entre narcotraficantes ocurrida el 25 de marzo en Zacapa, donde murió Juan José León, alias Juancho. Días después, en la misma zona, fue asesinado el empresario Santiago Stragá.

El 31 de marzo, el Ministerio de Gobernación anunció que no renovaría el contrato al asesor Víctor Rivera, quien durante 12 años encabezó un comando especial que resolvió casos de secuestro y desarticuló bandas del crimen organizado. Una semana después, Rivera fue asesinado en la zona 15, al salir de un restaurante, y ese hecho fue calificado como el culmen de cien días de errores y desaciertos en seguridad. El Gobierno optó por el silencio.

La semana recién pasada, Colom se defendió de las críticas y dijo que quienes creen que su gobierno no tiene un rumbo claro lo van a reconocer cuando adviertan los cambios que éste impulsa en las áreas más pobres del país, y prometió que en ocho meses el país tendría un ambiente diferente respecto de la seguridad.

Aunque hubo algunos avances, como la presentación de planes de seguridad, el llamado al diálogo, la reconstrucción de escuelas y la entrega de microcréditos en algunas zonas, los retos de la administración del presidente Álvaro Colom son ingentes y complejos. Al igual que sus antecesores, al comprometerse a cumplir un plan de cien días, Colom creó una serie de expectativas en la población, que está a la espera de que sus necesidades sean atendidas por el gobierno de la socialdemocracia.