Guatemala, 27 de abril de 2008
Análisis Abogados consideran que debe demandarse a la comuna capitalina
Las agresiones cometidas por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) no son nuevas; el 4 de abril último, arremetieron contra reporteros de varios medios de comunicación.
El ataque ocurrió durante el desalojo de vendedores informales ubicados frente a la Consulta Externa del Hospital Roosevelt.
En el enfrentamiento, un grupo de periodistas intentó interceder por un indefenso vendedor que era vapuleado por varios agentes de la PMT, pero los profesionales fueron vapuleados por los efectivos de la comuna.
Días después, la Municipalidad negó esa versión, y adujo que sus empleados habían sido los agredidos, pero las fotografías son evidencia.
“Este es un mensaje negativo para la ciudadanía. Cómo pueden pedir —los policías de Tránsito— a la población que respete la ley, cuando ellos caen en ilegalidades; cómo pueden decir que aplican sanciones, si ellos cometen delitos”, expresó Vladimir Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez.
Más de 30 policías de Tránsito agredieron a efectivos de la PNC y liberaron a uno de sus compañeros que fue detenido por haber atropellado a un motorista. Al fondo, de negro, oficiales de la PMT.
Por coralia orantes
Abogados penalistas consideran que las acciones de los policías municipales de Tránsito se encuadran en los delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, desobediencia, coacción y evasión dolosa.
Los abogados José Toledo y Vladimir Aguilar coincidieron en que el comportamiento de más de 30 agentes de las Policía Municipal de Tránsito (PMT) que agredieron a efectivos de la Policía Nacional Civil y liberaron a un detenido es ilegal, y que debe iniciarse una acción penal contra ellos.
“Aparte de las acciones penales, también se debe iniciar una acción civil contra la Municipalidad de Guatemala y sus autoridades, e incluso tendrían que indemnizar al Estado de Guatemala por lo ocurrido”, expresó Toledo.
Vladimir Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, señaló que ese comportamiento vulnera el estado de Derecho y envía un mensaje negativo a la ciudadanía.
Añadió: “Todo funcionario tiene que acatar la ley; nadie es superior a la ley, y una vez consignada una persona, no importando quién fuere, ellos debían seguir los procedimientos indicados”.
El vicepresidente Rafael Espada calificó de lamentable la agresión, y dijo que se reunirá con el alcalde Álvaro Arzú para dialogar.
“No deberían estarse agrediendo, sino trabajar juntos. Esperamos orden, no desorden”, expresó.
Pese a declaraciones de testigos y fotografías, Víctor Martínez, síndico primero de la comuna, aseguró que cuentan con un vídeo en el que se muestra que no ocurrió el hecho que se le imputó al policía de Tránsito. Afirmó que el alcalde Arzú está anuente a reunirse con Espada para tratar el tema.
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