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Guatemala, 5 de agosto de 2008

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Invasores se acercan al parque El Mirador, Petén 

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Preocupación

Experto  Amenaza 

Richard Hansen, director del programa arqueológico en la Cuenca El Mirador y de la Foundation for Anthropological Research and Environmental Studies, comentó el miércoles recién pasado, durante la presentación del patrocinio de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya, que la deforestación y las rozas para cambio de uso de suelo son la gran amenaza para el proyecto turístico que se busca crear en esa zona.

Hansen destacó que, en dos semanas, los invasores queman hasta el suelo y destruyen una extensión de bosque de árboles muy altos, por lo que los incendios son muy fuertes y están muy cerca del sitio El Mirador.

El científico espera alguna acción para detener el daño.

Funcionario  Daño a la cultura 

Érick Ponciano, subdirector de Patrimonio Cultural, dijo que preocupa la integridad de El Mirador, uno de los nueve sitios de igual tamaño que existen en la cuenca. Destacó que si hay usurpaciones a 20 kilómetros del parque, significa que esos grupos afectan a otros sitios en la parte sur. “Es una situación desafortunada que se den estas actividades por campesinos que llegan con la idea de que, eventualmente, van a poseer esas tierras, porque dañan los vestigios arqueológicos, y eso es lamentable, porque se pierde evidencia cultural del país”, agregó.

Señaló que preocupa la participación de malos guatemaltecos, coyotes, que engañan y manipulan a campesinos, a quienes hacen creer que esas tierras pueden ser de ellos.

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Un soldado porta una motosierra decomisada en un registro para detener la tala en una franja de cinco kilómetros.

Por m. a. méndez y alberto ramírez espada

El parque nacional El Mirador, de Petén, al que el presidente Álvaro Colom pretende convertir en la meca del turismo latinoamericano, por medio de su proyecto Cuatro Balam, está a punto de correr la misma destrucción de otras áreas protegidas, porque el Gobierno ha sido incapaz de retirar a campesinos que se asentaron en el sector.

Un grupo que se denomina Xalbal-Laguna Larga, y que está integrado por 120 familias provenientes de Quiché y Huehuetenango, se posesionó desde hace dos años del lugar que identifica a aquella masa de agua. En los últimos meses han avanzado con un cinturón de cinco kilómetros de ancho —dentro de Guatemala— y con dirección al parque El Mirador, es decir, a solo 20 kilómetros del corazón de la referida ciudad maya.

Desde su arribo al lugar, aquellas personas han talado alrededor de 40 hectáreas e incendiado unas mil hectáreas de bosque natural, para dedicarlas a cultivos y construcción de viviendas. La destrucción se ubica dentro de las coordenadas geográficas siguientes: latitud Norte: 17°48'42.35” y longitud Oeste: 90°22'5.98”, en el arroyo El Julubal.

Maniobran en tribunales

Gerardo Paiz, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), informó que hace dos semanas se acordó que el grupo saldría pacíficamente del lugar, pero que cuando hay resistencia, como ahora, se sigue un proceso legal, se hace la denuncia al Ministerio Público, éste hace una investigación y un informe, el cual pasa al Organismo Judicial y éste emite la orden de desalojo. Con esa autorización, se coordina con la Policía Nacional Civil y el Ejército, para proceder.

Paiz destacó que el Conap no puede ordenar o efectuar el desalojo por su cuenta, porque en caso de resistencia, y si hay enfrentamiento con heridos, puede ser demandado por ilegalidades o violación de los derechos humanos.

Paiz no sabe cuánto tiempo puede pasar para que se concrete ese proceso, porque recuerda que algunos desalojos ordenados por juez no se han llevado a cabo porque los usurpadores interponen recursos legales y los tribunales los amparan.

Agregó que desde principio de este año, el Conap ha pedido auxilio a los poderes del Estado para la creación de dos “batallones verdes”, para resguardo de Petén e Izabal. Según Paiz, ya existe una propuesta de acuerdo gubernativo que se tramita en el Ejecutivo, aunque la falta de presupuesto dificultaría el plan, porque para movilizar unos mil hombres, entre soldados, policías y guardarrecursos, se necesitan al menos Q64 millones para un año.

Impacto en proyecto

La majestuosidad de El Mirador, que es calificado como superior a Tikal en tamaño, antigüedad e importancia en la cultura maya, ha llamado la atención de universidades, arqueólogos y de los últimos dos presidentes de la República, quienes ven en su restauración una oportunidad para hacer del turismo una fuente de ingresos para Petén y el país en general.

Colom, quien se ha impuesto la tarea de lograr en su mandato aquella meta de desarrollo económico y social bajo el nombre de Cuatro Balam, anunció el 16 de julio un plan para habilitar el parque, desarrollar infraestructura turística en el Área Central de Petén y un sistema agrícola en el sur de aquel departamento, que evite la migración hacia el norte. Según su previsión, para el 2023 habrán visitado el lugar 12 millones de personas.

Invasión manipulada

Empresarios del sector turístico, ecologistas y académicos del campo de la Arqueología coincidieron, sin autorizar el uso de sus nombres, por temor a represalias, que esa invasión fue instigada por políticos y sectores interesados en obstaculizar la conservación de la Biosfera Maya.

Señalaron que, en un caso, un político amenazó con la llegada de campesinos al lugar y coincidentemente al poco tiempo ocurrió la ocupación, mientras que han detectado en el área central de Petén una entidad religiosa que promueve “tierras en el norte”, con el propósito de forzar al Gobierno a ubicar a sus protegidos en otros sectores.

Negociaciones infructuosas

Dentro de un ambiente que defensores de la Biosfera Maya calificaron de demasiado tolerante con los invasores de la citada reserva natural, en la que está prohibida la presencia humana permanente, instancias del Gobierno han entablado largos y complicados diálogos con el grupo Xalbal-Laguna Larga, que no han rendido frutos, porque pese a sus promesas de retiro, aquél siempre encuentra argumentos para prolongar su estadía.

La última burla de los invasores a los negociadores ocurrió el 18 de julio, la fecha más reciente dada por ellos para el retiro, cuando se negaron a abordar los vehículos movilizados al sector para trasladarlos a una finca de Sayaxché.

Un funcionario presente en la fallida operación comentó que el líder del grupo dijo que saldrán hasta que el Estado les dé una finca con infraestructura, y luego intentaron tomar de rehenes a quienes llegaron a ayudarlos.

“Mientras más prolonguen su estadía, más peligro corre el patrimonio natural, porque continúan la tala y han dicho que harán un corredor de cinco kilómetros de ancho, hasta Belice; por otra parte, hay evidencias de que están cortando maderas finas, las cuales trasladan para su venta hacia territorio mexicano, que colinda con el área que ocupan”, expuso un académico que visita el lugar con regularidad, y quien considera que, tras desalojarlos, se debe instalar allá un destacamento militar.

Esa opinión la comparte Érick Ponciano, subdirector del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, quien expresó que además del diálogo para convencer a los invasores a retirarse pacíficamente, se debe identificar a quienes los llevan a esas áreas y detenerlos, y establecer presencia institucional, con puestos de control de fuerzas combinadas, para evitar la llegada de nuevos usurpadores.

El grupo indicado se había comprometido a salir, mediante dos actas, una de las cuales es la número 19-2008, del 4 de julio.

Un funcionario aseveró que los ocupantes se burlan de la autoridad, porque cinco capturados del grupo, el 18 de abril de este año, recuperaron su libertad un mes después, y por otra parte, el Estado ha sido tolerante con ellos, por razones políticas, a pesar de que fueron sorprendidos cuando talaban el bosque con motosierras.

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