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El rechazo total de la ejecución presupuestaria del Congreso correspondiente al 2007, cuando lo presidió el panista Rubén Darío Morales, solicitó a la Comisión de Finanzas de ese organismo el diputado Manuel Baldizón Méndez, quien preside dicha sala legislativa.

Al referirse ayer al escándalo por el desvío de Q82.8 millones del Congreso a la casa de bolsa Mercado De Futuros (MDF), el también miembro del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se mostró preocupado con la posibilidad de que la suma defraudada no regrese nunca a las arcas del Legislativo.

Recordó que las negociaciones con aquella casa de bolsa comenzaron en el 2007, cuando Morales presidía el Congreso, y por esa razón solicitó a sus colegas de la sala de Finanzas que no se apruebe la liquidación del gasto de aquel período, con el propósito de que se profundice en la forma en que se utilizaron los fondos.

Señaló que su solicitud debe ser secundada con una investigación del Ministerio Público (MP), para que una vez individualizados los autores, se deduzcan responsabilidades penales y civiles en contra de quienes manejaron los fondos del período citado.

“Es vergonzosa la situación en que se encuentra el Organismo Legislativo, debido a los actos irregulares a los cuales lo han sometido algunos líderes políticos quienes, desde dentro o fuera del Congreso, irresponsablemente han atentando contra los intereses del país”, expresó.

Dijo que en su momento exigió al MP y a la Contraloría General de Cuentas una investigación profunda para sancionar a los autores de aquel hecho que ahora sacude los cimientos del Congreso, “a efecto de que ocupen el lugar que les corresponde en la cárcel, donde deben estar los delincuentes”.

Coto con leyes

Baldizón dijo que ha planteado un paquete de leyes que, según su criterio, podrían ser la salida para el sistema de representación, transparencia y combate de la corrupción en el Gobierno.

Se trata de la reforma electoral para implementar el voto nominal o por foto, para que el ciudadano sepa por quién vota; reducción del número de diputados; prohibición de indemnización y de que ministros y funcionarios puedan optar al cargo de diputado, y la ley contra el enriquecimiento ilícito, que impondría ocho años de prisión.

“Adicionalmente a estas normas, también respaldo de manera incondicional la ley de libre acceso a la información, porque es un complemento valioso para poner coto a la falta de transparencia en el Estado”, dijo Baldizón.