Prensa Libre - Edición Electrónica

El Estado de Guatemala ha perdido más de Q1 mil 800 millones por desfalcos o fraudes cometidos en distintas instituciones. El período más afectado por estos hechos fue el gobierno del ex presidente Alfonso Portillo, entre el 2000 y el 2004. Las capturas y sentencias son pocas.

En los últimos ocho años, las dependencias de Gobierno han perdido más de Q1 mil 800 millones, por corrupción. Por esos hechos, las autoridades realizaron pocas detenciones, y en los casos en que hubo justicia, la sentencias fueron mínimas.

El ex ministro de Gobernación Byron Barrientos y su viceministro Luis Dávila fueron condenados a siete años de prisión, pero al acogerse al beneficio de redención de penas, el primero recuperó su libertad este año.

César Sandoval, ex gerente del Seguro Social, fue condenado a 13 años de prisión, y estaría cerca de gozar de redención de penas.

Los casos

Diversos funcionarios se han visto envueltos en casos de fraude al Estado. El más reciente es la inversión anómala de ahorros del Congreso por Q82.8 millones.

Enrique Ríos Sosa, hijo del general Efraín Ríos Montt, fue investigado por el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa, en el 2001, cuando fungió como jefe del Departamento de Finanzas del Ejército.

Otro caso trascendente es el de Marco Tulio Abadío, ex superintendente de Administración Tributaria, sindicado de lavado de dinero, concusión, fraude y peculado, por el desfalco de Q24 millones, en el 2003.

Los hermanos Arturo Ignacio y José Vinicio Salán Sánchez son procesados por lavado de dinero y malos manejos de Q24 millones en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

Arturo Salán logró que una sala de Apelaciones anulara la condena de 10 años de prisión que le dictó un tribunal para repetir el juicio.

Para el analista independiente Renzo Rosal, es evidente que la corrupción y malversación de fondos públicos es una constante que ha ido en ascenso; esos hechos se convierten en obstáculos para el desarrollo del país.

Añadió: “Los casos como el del Congreso desnudan la gravedad y la magnitud del problema de malversaciones anteriores; además, muestran el cinismo con el que se manejan los hechos. Lamentablemente, no hemos tocado fondo. Esta situación devela la inoperancia de las instituciones. La justicia no llega, y los corruptos son protegidos por la impunidad”.