Prensa Libre - Edición Electrónica

La jueza de Primera Instancia Penal y Civil de Amatitlán, Audy Yanelly Arana González, ordenó ayer la intervención de Prensa Libre y el allanamiento de sus instalaciones, en una actitud calificada como “ilegal” por los abogados de este diario, que ya han interpuesto los recursos legales para revertir esa resolución.

Los abogados afirmaron que accionarán contra la funcionaria de tribunales porque violó el debido proceso y la competencia de su jurisdicción, y además podría haber cometido un acto de corrupción y un fallo contrario a la ley.

Cerca de las 16 horas, los abogados Francisco Palomo y Telésforo Guerra, en representación del señor Jorge Sprigmuhl, se presentaron, con la orden de la jueza, a las instalaciones de Prensa Libre, con el fin de controlar las finanzas de la empresa, lo que incluye la potestad de comprar papel y las materias primas, con lo cual se podría afectar los derechos de los lectores de este diario.

Anomalías

Los abogados de Prensa Libre revisaron los documentos que amparan la orden de la jueza Arana González y comprobaron una serie de anomalías, pero sobre todo les llamó la atención que para promover esa intervención se haya buscado un tribunal que no tiene jurisdicción en la capital.

El abogado Julio Roberto García-Merlos, de Prensa Libre, afirmó: “Son tan notorias las ilegalidades, que se trata de una medida que será revertida muy rápidamente”.

Por su parte, el gerente de la empresa, Luis Enrique Solórzano, declaró que se presentará también una denuncia a la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, para que se sancione la ilegalidad cometida por la jueza.

En otros procesos judiciales alguna de las partes en conflicto ha buscado y obtenido resoluciones de jueces de la provincia para casos que se ventilan bajo la jurisdicción de los tribunales del municipio de Guatemala.

La mecánica que se utiliza para obtener ese tipo de fallos anómalas es la compra de jueces, según han denunciado abogados litigantes afectados.

El director de Prensa Libre, periodista Gonzalo Marroquín, expresó que hay que tener en cuenta que “las acciones contra un medio de comunicación, cuando afectan los derechos de informar y ser informado, atentan contra la libertad de expresión”.

Hizo énfasis en el peligro que representa el intento de allanar “intimidatoriamente las instalaciones de un periódico”.

Reporteros de este diario trataron de obtener la versión de la jueza Arana González, pero en su despacho se informó que era imposible ubicarla.

Sin embargo, ayer trascendió que, después de haber firmado la resolución que solicitaron los abogados Palomo y Guerra, ella misma se inhibió de seguir conociendo el caso.

Los abogados de Prensa Libre señalaron que esa actitud solo ratifica que también hubo mala fe en su decisión.

La demanda de Sprigmuhl plantea que la administración de esta empresa no ha repartido utilidades.

Al respecto, Solórzano informó que los beneficios correspondientes a algunos socios que han planteado inconformidades se encuentran debidamente consignados en un tribunal competente.