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Después de casi un año de haber visto la cara del ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza Manuel Castillo Medrano, en todas las patrullas y comisarías del país, publicada en carteles “Se busca”, el prófugo número uno cayó.

Manolito, como le llaman cariñosamente sus amigos y los propios investigadores del caso, no se había ido del país, no estaba refugiado en una cabaña de las montañas de Huehuetenango ni tenía especial cuidado con su seguridad.

Todo lo contrario, estaba cómodamente en una de sus viviendas en el municipio de Quesada, Jutiapa, protegido por el silencio de las autoridades locales y la complicidad de sus secuaces.

Parece ser que la Fiscalía ya había allanado con anterioridad esa finca, pero, como suele suceder habitualmente, la información llegó antes al prófugo que a los encargados de llevar a cabo el operativo.

Pero Castillo no parecía tener mucho miedo a que lo detuvieran, sobre todo desde que su hermano Enrique Castillo —quien fue acusado de lavado de dinero hace unos años— entrara en el Ministerio Público (MP) como si se tratara de su casa, para entregarle al propio fiscal general pruebas sobre la “inocencia” de su hermano.

En los corredores del MP se dice que incluso hubo llamadas de altas instancias del Ejecutivo para que Enrique Castillo fuera bien atendido en ese lugar.

Que Manolito no se escondía lo saben muy bien los familiares de las víctimas del accidente de bus de la Curva del Chilero originarias de Jutiapa. Él mismo, en sus funciones de alcalde municipal depuesto, llegó a entregarles los cheques de indemnización por la trágica muerte de sus parientes.

El viernes fue el último día de Álvaro Matus como fiscal de Delitos contra la Vida, y definitivamente, con la captura de Castillo, se despidió como debe ser: en grande y aportando un elemento clave a la justicia. Esperemos que ahora los jueces hagan su parte.