El libre acceso a la información pública en el país es aún un sueño difícil de alcanzar, prueba de ello es que las siete iniciativas de ley que han ingresado en el Congreso desde el 2000 duermen el sueño de los justos. Las nuevas bancadas que integran el Legislativo, a excepción del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se comprometieron a retomar la discusión y a garantizar a la ciudadanía ese derecho constitucional. Pero la historia del país y estudios efectuados por Transparencia Internacional demuestran que a ningún gobierno le gusta que le cuenten las costillas.

Grupos de la sociedad civil, asociaciones de Prensa nacionales e internacionales y entidades que velan por la transparencia en la administración pública urgen la aprobación de una normativa que obligue a las instituciones del Estado a rendir cuentas, debido a que “aún prevalece una fuerte cultura del sigilo y altos niveles de hermetismo para el suministro de la información a la ciudadanía”.

El acuerdo gubernativo 535-2006, Normas Generales de Acceso a la Información Pública en el Organismo Ejecutivo y sus Dependencias, obliga a todas las instituciones del Estado a rendir cuentas públicas anualmente y a proporcionar información a la ciudadanía en un plazo que no sobrepase los 20 días; sin embargo, no establece penas en caso de que se deniegue o hubiere resistencia a suministrar la información solicitada, por lo que la norma no se cumple.

Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional y el Observatorio Ciudadano probaron, por medio de un estudio, la hipótesis de que en Guatemala el acceso a la información es limitado.

La investigación determinó que sólo cuatro de cada 10 personas que solicitaban información pública eran atendidas positivamente y que las municipalidades son las que menos facilitan datos acerca de su administración. Ejemplo de ello es la de la capital, donde la enemistad del alcalde con la Prensa ha dado lugar a la centralización de la información. “Ahí nadie habla si no autoriza María José Salas”, se lamentan reporteros consultados.

Para evitar el abuso, AC redactó un manual de cómo acceder a la información, y lanza una campaña cívica que se escucha por la radio para incidir en la aprobación de la iniciativa de ley de acceso a la información.

“Creemos que es un tema prioritario, y vamos a insistir con las bancadas hasta que finalmente sea una realidad”, indicó Alejandro Urízar, de AC.

A medias

La aprobación de una ley en ese sentido está en manos del nuevo Congreso. Las principales bancadas representadas en el pleno —Partido Patriota, Unidad Nacional de la Esperanza, Gran Alianza Nacional (Gana)—, a excepción del FRG, se mostraron anuentes a apoyar una iniciativa en ese sentido; sin embargo, eso todavía está por verse.

Eduardo Meyer, presidente del Congreso, dijo que solicitará al resto de bancadas que incluyan dentro de la agenda legislativa pendiente la aprobación de una ley de libre acceso a la información. “Tenía en mente sacar todas estas propuestas del congelador y retomar la discusión de nuevo, y tal vez en febrero se podría aprobar”, manifestó.

Jaime Martínez Lohayza, jefe de bancada de la Gana, consideró importante la aprobación de una ley en ese sentido; sin embargo, explicó que “todo dependerá de los consensos que se alcancen con el resto de bloques y con la Junta Directiva”.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y ponente de dos proyectos de ley que buscan garantizar el libre acceso a la información, manifestó que, de cara a la Prensa, todos están de acuerdo, pero que a la hora de la aprobación, ningún partido mayoritario ha votado a favor de garantizar el derecho constitucional que tiene la ciudadanía de saber qué pasa en la administración pública.

Luis Fernando Pérez, subjefe de bancada del FRG, se mostró más precavido al hablar sobre un posible apoyo a la ley, y refirió que ese es un asunto que deberá discutirse a lo interno del Comité Ejecutivo del partido.

Los medios hablan

Gonzalo Marroquín, director editorial de Prensa Libre, expresó que aprobar esa ley es el gran reto para los políticos, ya que sólo de esa forma demostrarán que quieren ser transparentes.

Aclaró que no se trata de una ley para favorecer a los periodistas, sino de una normativa que permitirá a todos los ciudadanos fiscalizar el uso que el Gobierno hace de sus impuestos. “Ocho países de América tienen una ley de libre acceso, la cual funciona bastante bien”, destacó.

Juan Luis Font, director de el Periódico, manifestó que no contar aún con una ley que garantice ese derecho es muestra de falta de voluntad política.

Aseguró que todos se tapan con la misma chamarra, y que tanto en el sector público como en el privado hay cultura de ocultar información. “Es una actitud generalizada de la sociedad guatemalteca”, se lamenta.

Haroldo Sánchez, director del telenoticiero de Guatevisión, opinó que, si bien los medios de comunicación ejercen un periodismo con libertad e independencia, el acceso a documentos importantes sigue estando vedado. “Es necesario que se apruebe esa ley, porque sólo así se pueden alcanzar mayores niveles de democracia”, enfatizó.

En opinión de Alejandro De León, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el gobierno de la UNE debe impulsar de manera urgente la aprobación de la ley de libre acceso a la información como muestra de que quiere hacer en forma transparente las cosas, y se comprometió a nombrar una comisión para que se reactive la discusión de ese proyecto.

Gobierno se compromete

Ronaldo Robles, secretario de Comunicación de la Presidencia, afirmó que la política del actual gobierno es de puertas abiertas, y que en función de ello han comenzado a analizar los proyectos engavetados, para determinar si de ellos sale la iniciativa adecuada o elaboran un nuevo proyecto.

La batuta sigue estando del lado de los políticos, quienes tendrán que demostrar qué tan anuentes están a que la población les cuente las costillas.