En los 13 días que lleva el plan de seguridad del gobierno de Álvaro Colom, se ha destacado agentes de la Policía hacia las denominadas zonas críticas, pero la espiral de violencia, desde que asumió la nueva administración, suma 170 crímenes a escala nacional, lo cual significa 13 muertos por día.

Expertos en seguridad opinan que los operativos han sido inútiles y se ha incurrido en gastos innecesarios.

En algunas acciones policiales se logró capturar a entre 10 y 15 personas, pero todas salieron libres, por falta de pruebas.

Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, afirmó que las redadas que se han efectuado no son las más adecuadas. “Habría que hacer eco al Gobierno sobre su eslogan de campaña, de seguridad con inteligencia”, enfatizó.

Agregó que la Policía debería, primero, tratar de ubicar a las bandas de extorsionadores o a las personas que están detrás de los crímenes contra pilotos de buses, y dejar de capturar a indocumentados, que al rato quedan libres.

Mack añadió: “Creo que la idea de (el presidente) Colom es tratar de dar un impacto a la delincuencia, pero hasta el momento ha sido mediático, porque la gente ya sabe que no tiene sentido, y que con capturar a indocumentados no se va a terminar la criminalidad”.

Estadísticas

En los 13 días desde que asumió el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, murieron 170 personas, 77 de ellas, por arma, de fuego, en la capital, y 65, en la provincia.

La Policía explicó que la Fiscalía ha recogido 337 cascabillos de calibre 9 milímetros en 47 escenas del crimen. En otros dos casos levantó tres vainas de calibre .40, y en uno, 28 cascabillos de calibre 7.62, para fusil AK-47, como evidencia.

Henry López, director adjunto de la Policía, explicó que el plan de despliegue es contrarrestar esos hechos y confiscar las armas, para que no se repitan los casos.

Iduvina Hernández, de la agrupación Seguridad en Democracia, comentó que ha transcurrido poco tiempo para hablar de seguridad. Sin embargo, opinó que el plan ofrecido por el Gobierno no es del todo claro.

“Me parece que algunas decisiones son poco afortunadas, porque los despliegues deben responder a un planteamiento de investigación y de inteligencia, para saber dónde están los focos del problema”, dijo.

Hernández comentó que no se trata de acciones de corto plazo, sino de medidas que garanticen efectividad, aunque sea a mediano plazo. Agregó que la cantidad de capturas no resuelve la situación.

Abogados penalistas criticaron las aprehensiones sin sustento, ya que, por ello, el mismo día de la detención salen libres las personas, como ocurrió con un pandillero acusado de haber participado en una masacre.

Hernández expresó que la Policía debería de investigar a profundidad hechos como las extorsiones, e identificar lo que denominó “el eslabón final”, para saber adónde llega el dinero que recogen quienes se dedican a cometer esos delitos.

“Hay fuerzas militares como el punto final adonde llega el dinero de las extorsiones, y no sólo con capturar a 20 ó 30 personas se termina el problema”, enfatizó.

Expertos opinan que el Ministerio Público debe apoyar a la Policía, pues la captura de Miguel García Alvarado, alias el Duende dejó al descubierto las deficiencias de ambas instituciones en cuanto a la investigación. Alvarado, sindicado de haber participado en la masacre de siete personas y con antecedentes por 40 delitos, fue dejado en libertad,