A un año de haber cumplido 75 años, Rodolfo De León Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se niega a dejar el cargo, aun cuando un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena que debe jubilarse.

Abogados y constitucionalistas manifestaron que De León, quien hoy cumple 76 años, debe acatar el fallo del máximo tribunal, pues así lo establece el artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial.

La polémica por este caso se inició en el 2007, cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la citada norma, la cual establece que la jubilación de un magistrado es obligatoria a los 75 años.

En un principio, la CC dejó en suspenso y de manera temporal el referido artículo, pero el 20 de noviembre del 2007 ese tribunal resolvió que De León tenía que jubilarse, pues así lo establecen la Carta Magna y la Ley de la Carrera Judicial.

El presidente de la CC, Jorge Mario Pérez Guerra, manifestó que estaba pendiente de resolver un recurso de aclaración que plantearon contra el fallo, el cual ya había sido notificado a las partes.

Pérez aclaró que hasta que se resuelva esa acción legal, De León debe dejar el cargo.

Hasta ayer, ni De León ni la CSJ habían recibido la resolución, según expresaron.

Luis Fernández, magistrado de la Cámara de Amparos —en la que De León es uno de los cuatro integrantes—, dijo: “Hasta que se notifique la resolución de la CC, el magistrado De León es parte integral de la Corte y de la Cámara de Amparos, que está integrada por personas individuales, responsables y conocedoras del Derecho”.

De León dijo que no sabía del fallo de la CC, y que dejará el cargo hasta que terminen los trámites de su jubilación, según lo amparan la Ley de la Carrera Judicial y el Pacto Colectivo del Organismo Judicial.

Agregó que no puede abandonar el puesto de inmediato, ya que entonces sí incurriría en delito.

Opiniones

Homero López Mijangos y Gabriel Larios, ex presidentes de la CC, y Yolanda Pérez, ex presidenta del Colegio de Abogados, coincidieron en que De León deberá abandonar el cargo, pues, al final, un recurso de aclaración no cambiará el fondo de la sentencia de la CC.

“Las sentencias deben acatarse, pues, de lo contrario, hay anarquía y desorden en el sistema de justicia”, aseveró López.

Agregaron que, por el cargo que desempeña, cualquier magistrado debe respetar y acatar la ley.