La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dirige el jurista español Carlos Castresana, anunció hoy que investigará la ola de asesinatos en contra de trabajadores del transporte público de este país.

Castresana dijo a la prensa que, a solicitud del presidente Álvaro Colom, la Cicig colaborará con las investigaciones de estos hechos, debido a que se presume que “grupos clandestinos” vinculados con las pandillas juveniles conocidas como “maras” estarían detrás de los ataques.

En lo que va de este año han sido asesinados 17 trabajadores del servicio de transporte público, entre chóferes y ayudantes, supuestamente por integrantes de las “maras” para presionarlos al pago de cuantiosas extorsiones.

El jefe de la Cicig dijo que los investigadores de esa comisión coordinarán con la Policía Nacional Civil (PNC) para establecer el origen de estos ataques y desmantelar a estas mafias.

La Cicig, una instancia aprobada por el Congreso en agosto pasado y que es auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a petición del Gobierno guatemalteco, inició sus operaciones en enero pasado, con un amplio respaldo de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Su principal objetivo es investigar las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado, y que generan la impunidad en este país.

Según Vinicio Gómez, ministro de Gobernación (Interior), los responsables de los ataques en contra del servicio de transporte público son miembros de la temida “Mara 18”, una de las pandillas más numerosas y sangrientas que opera en el país.

Este grupo, precisó Gómez, “diseñó un plan para atacar a los pilotos de los autobuses que se niegan a pagar” las extorsiones exigidas a cambio de no hacerles daño.

Los delincuentes, entre ellos varias mujeres, indicó el funcionario, serían dirigidos por dos líderes de esa “mara” que se encuentran recluidos en una cárcel de la ciudad de Chimaltenango, a unos 50 kilómetros al oeste de la capital.

Gómez aseguró que “ya han sido identificados los cabecillas” de este grupo, y que “más de 10 personas, entre ellas convivientes de los pandilleros, han sido capturados” por participar en estos hechos.

Sin embargo, indicó, aún están pendientes muchas detenciones porque “la banda es grande”.

Los ataques en contra de los trabajadores del servicio de transporte público, además de caos y sensación de inseguridad, han provocado que más de 180 conductores de buses renunciaran a seguir trabajando para preservar su vida, y que el servicio se haya vuelto irregular en varias zonas de la capital y sus alrededores.

Las autoridades aseguran que las “maras” han pasado de ser grupos de delincuentes comunes a bandas del crimen organizado, por las formas en que operan, los vehículos modernos y las armas de fuego de alto calibre que utilizan, así como los sofisticados medios de comunicación.

Aunque no se cuenta con cifras exactas, se calcula que cada día los pandilleros cobran el equivalente a unos 10 mil dólares en concepto de extorsión a los trabajadores y empresarios del servicio de transporte público, una práctica que inició hace más de tres años y que se ha incrementado en los últimos meses.

ACAN EFE