Juana Méndez es una mujer maya k’iche’, guatemalteca, de 43 años, casada, madre de 11 hijas e hijos, y vive en la Aldea Macalajau, del Municipio de Uspantán, Quiché. Es analfabeta, y aunque entiende el español, no lo habla. Para decirlo en clave estadística: ella forma parte del 65 por ciento de la población que vive en el área rural, es una entre los siete millones de guatemaltecos que viven en condiciones de pobreza y representa a la mitad de la población de este país, constituida por mujeres. Juana fue detenida en su vivienda por la Policía Nacional Civil, en diciembre del año 2004, bajo la acusación de sembrar amapola, porque había unos campos sembrados cerca de su casa. En ese momento fue llevada al centro Preventivo del departamento de Chimaltenango, pero solo hasta el 17 de enero del 2005 fue trasladada al Municipio de Nebaj, en Quiché, con el fin de que un juez competente escuchara su primera declaración.

En la documentación del caso se lee: “Cuando llegaron a Nebaj el tribunal ya estaba cerrado, según la versión de los policías que la custodiaban y por esa razón, fue ingresada a la Sub-Estación policial para que pasara la noche (…)”. A falta de celdas para mujeres, fue esposada a una celda en el pasillo. Durante la noche y madrugada “Juana fue acosada y agredida sexualmente de manera reiterada por un policía, quien la desnudó, la insultó y manoseó”. Luego, ella afirma que ingresó en el cuarto otro policía, quien también la violó y después “la obligó a que saliera del cuarto desnuda, la hizo caminar por la comisaría, pasó frente a la celda de los hombres e hizo que se bañara en su presencia, indicándole con exigencia, que lavara bien su vagina”.

Luego, la siguió acosando y manoseando hasta que amaneció. Según el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), hay un patrón de abuso sexual que asciende a un 75 por ciento en los procedimientos de detención policial de mujeres. Así que no es la primera vez, pero el caso de Juana Méndez es un caso paradigmático. Esa mujer que hasta baja la mirada cuando ve policías e incluso se ha desmayado en su presencia luego de haber sido ultrajada, se atrevió a denunciar los hechos en la primera audiencia ante el juez. Conviene aquí decir que, según el mismo ICCPG, un 43 por ciento de las mujeres privadas de libertad en Santa Teresa ha denunciado este tipo de abusos, pero sólo un caso ha llegado al Ministerio Público.

El ICCPG se hizo querellante adhesivo en el caso de Juana, y la ha acompañado a lo largo de un proceso que ha estado cargado de intimidaciones, amenazas y agresiones a la víctima, a los testigos y al personal del Instituto. Sin embargo, por primera vez en la historia de Guatemala, se autoriza abrir un juicio penal en contra de un miembro de las fuerzas de seguridad, por haber violado a una mujer detenida. Para ello se escuchó el testimonio de un tercer policía que vio todo y que reconoció plenamente a uno de los acusados (el otro está prófugo), y señaló que no reportó los hechos por temor a ser eliminado físicamente por sus compañeros, quienes lo habían amenazado varias veces. También se logró que se desestimaran los informes médicos practicados a Juana en ocasiones anteriores y presentados por la defensa, ya que carecían de rigor metodológico y no interpretaban bien los hallazgos físicos en el cuerpo de la víctima. El caso es sustentable ética, histórica y jurídicamente, y Juana sabe que hay muchas personas apoyándola desde el inicio. Hoy, Guatemala es todavía el país de Juana Méndez, pero —de hacerse justicia— mañana lo será también de las muchas Juanas y Marías y Rosas que merecen vivir de otra manera.

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