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La factura de importar desde Venezuela 73 millones de barriles al año de diésel y búnker, a través de la iniciativa de Petrocaribe, ascenderá a US$1 mil millones, informó ayer el ministro de Energía y Minas, Carlos Meany.

En una entrevista teléfonica desde Ciudad de México, el funcionario comentó que los importadores de combustibles pagarán al Estado la totalidad de la factura, pero este solo cancelará el 50 por ciento a Venezuela. El resto será empleado en proyectos de inversión social, como prometió el presidente Álvaro Colom.

Sin embargo, el saldo pendiente se pagará en un plazo aún por determinarse, a una tasa del 1 por ciento anual. Además, esto no significará que los precios al consumidor final bajen.

Meany hizo énfasis en que la operación, de ser aprobada por el Congreso, será una opción más de suministro de esos combustibles.

El funcionario explicó que la operación con Petrocaribe se hará en conjunto con los importadores locales que deseen integrarse, debido a que el Estado solo será un intermediario, pues no posee la infraestructura para manejar el negocio.

“El Estado no tiene camiones ni infraestructura ni queremos hacerla sino que más bien aspiramos a ser facilitadores para los importadores y de esa manera asegurar el abastecimiento”, dijo.

Recordó que el tema del alza del petróleo se ha convertido en un problema de especulación en los mercados financieros y de allí la importancia de que el Estado asegure el abastecimiento de combustibles indispensables para el transporte y la industria.

De acuerdo con Meany, tanto los importadores de combustibles como los generadores de energía tienen sus tanques de almacenamiento, por lo que se busca que los dos se integren al programa

Aunque el funcionario aseguró que ya se ha hablado con las compañías, los representantes de las mismas negaron tener algún conocimiento de la decisión que se anunció el jueves.

¿Cómo se pagará?

Según indicó el ministro, en la actualidad los importadores están pagando sus productos en 45 días, por lo que deberían hacer algo similar con lo que compren a través de Petrocaribe.

Los más de US$1 mil millones serían el valor de la compra de 20 mil barriles diarios de petróleo, que daría como resultado un volumen anual de 73 millones de barriles.

“Por supuesto que el costo de la factura dependerá del precio del crudo en el mercado internacional”, dijo el ministro.

Sin mancomunidades

Meany fue categórico al afirmar que las mancomunidades de municipalidades quedarán fuera de este proyecto. En mayo del 2006, las mancomunidades, que integran varias municipalidades del país, habían anunciado un acuerdo preliminar con el Gobierno venezolano, para comprar combustibles a bajos precios.

Sin embargo, este proyecto no se realizó.

Mercado libre

Víctor Hugo de Dios, gerente comercial de Puma Energy Guatemala, explicó que el mercado nacional es libre en cuanto a la comercialización de combustibles y cualquiera puede competir.

“Ya sea Petróleos de Venezuela, o cualquier otra empresa que se le ocurra instalar, su terminal de combustible puede hacerlo”, indicó.

De Dios dijo estar de acuerdo con cualquier tipo de competencia, siempre y cuando se respetasen los derechos y se haga en igualdad de condiciones para todas las empresas.

“Obviamente vendría a ser un competidor más y para el consumidor será mejor mientras más opciones tenga”, comentó.

Sin embargo, dicho gerente subrayó que hasta la fecha el Gobierno no ha establecido algún tipo de comunicación para hacer una oferta concreta.

Según explicó, antes de tomar una decisión al respecto, los importadores deben analizar las condiciones que se ofrecerán para comprar.

Manifestó que se debe analizar la calidad de los combustibles, el tipo de tanqueros que llegarán y si tienen las especificaciones requeridas para las instalaciones nacionales.

El representante de Puma Energy hizo énfasis en la necesidad de que se asegure el suministro, puesto que las compañías locales tienen compromisos de entrega y no se puede cambiar a la ligera por los contratos de abastecimiento.

Otro aspecto que preocupa a los importadores es que se desconocen detalles sobre cómo podría ser el pago de la factura de importación.

Angel Rojas, gerente financiero de Shell Guatemala, manifestó que la compañía es respetuosa de la ley local y de las disposiciones que el Estado tome en este tema.

Rojas agregó que es necesario contar con mayor información para poder opinar.

“De momento no tenemos detalles de cómo el Gobierno va a operar la venta de combustibles en el mercado y, al no tener esa información, no podemos externar alguna opinión concreta”, aseveró.