Prensa Libre - Edición Electrónica
Guatemala, 9 de julio de 2008
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Lo viví en la calle
Mucho ruido
Muchos vecinos de las colonias Monte Verde y Montserrat I, Mixco, nos levantamos los domingos con el sonido de tambores, redoblantes y platillos; no porque amanezcamos de fiesta, sino porque, cada fin de semana, estudiantes de un colegio vienen a perturbar la paz con el sonido de sus instrumentos. Sugiero a los docentes de
ese plantel que ensayen en sus propias instalaciones o en lugares aptos, y que lo hagan en días hábiles, no los domingos. Tomen en cuenta que en donde ensayan también se encuentra el sanatorio Monte Verde, y creo que no se necesita ser profesional para saber el daño auditivo que les causa a los pacientes.
Walter Figueroa
rocio3809@hotmail.com
Calidad de servicio
Desatentos
Acudimos a la última función de cine que ofrece el Circuito Alba en el centro comercial Metronorte. Lamentablemente, cuando nos dirigimos a la tienda dentro de sus instalaciones, para comprar golosinas, la encargada nos dijo simplemente, apagando las luces: “Ya no hay servicio”. Me molestó más ver que aún tenían poporopos, aguas gaseosas, etcétera.
Señores: si tienen una función tan tarde, lo menos que puedan hacer es que sus empleados atiendan también en ese horario.
Norma de Monzón
A-1 1.105,954
Especiales
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Impuestos
El IUSI
El aumento al IUSI es inconstitucional; así lo declaró, ya en el 2001, la CC.
La Dirección de Catastro y Administración del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) de la comuna capitalina está enviando a los vecinos de la Villa de Guadalupe, zona 10, un nuevo avalúo de las propiedades donde aumenta su valor hasta en 500 por ciento a ese tributo. Ofrece un descuento del 75 por ciento con base en un manual de valuación inmobiliaria, y se ampara en el acuerdo 21-2005, del Ministerio de Finanzas.
Los funcionarios municipales ignoran que, el 6 de diciembre del 2001, los vecinos fueron amparados por la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró inconstitucional un aumento al IUSI, porque viola el artículo 239 de la Constitución —el cual establece que un arbitrio solo puede ser modificado o decretado por el Congreso—.
La comuna debe consultar, porque el Manual de Avalúos no es superior a la Constitución, y ninguna alcaldía tiene facultades absolutas en cuanto al manejo y administración de impuestos; solo tiene facultades reglamentarias en materia de arbitrios, que no deben entenderse como una delegación de la potestad legislativa.
Es posible que la Municipalidad de Guatemala necesite actualizar los valores fiscales, pero debe acudir al Congreso; no es el momento de aumentar gravámenes.
Blanca Lydia Miranda
A-1 197,789
Ingresos
Datos precisos
Escuchamos opiniones encontradas en cuanto a la transparencia de la Teletón. La solución es sencilla: den a conocer —con el respaldo de auditoría externa— el porcentaje de los ingresos que se utiliza en programas y en sueldos administrativos. Con esos datos, ya la opinión pública tendrá una visión clara de hacia dónde va el dinero y lo que se necesita.
Luis Pedro García
luipega@gmail.com
Abusos
¿Derechos humanos?
No he visto que organizaciones de derechos humanos —aló, procurador— levanten la voz contra aquellos que maltratan a nuestros compatriotas migrantes. Tampoco he visto a la señora Rigoberta Menchú hacer o decir algo. Pero cuando se trata de los derechos humanos de los delincuentes, allí están todas estas organizaciones de fachada, defendiéndolos. Qué triste realidad.
Dr. Fernando Nitsch
drfernitsch@yahoo.com
Parcialidad
No se ha pronunciado
Ya pasó más de un mes de la barbarie que cometieron pandilleros en la cárcel de Chimaltenango, donde perdió la vida el subdirector Jorge Mendoza. ¿Qué pasó, que la Procuraduría de los Derechos Humanos no se ha pronunciado? Señor procurador: esta era su oportunidad de demostrar que no solo defiende a criminales.
Guillermo Nolasco
C-3 39,876
Prudencia
Reajuste de leyes
Es de suma importancia analizar algunos comentarios que plantean tener un número fijo de diputados. Esto implica una reforma a la Constitución Política y, antes de hacer cualquier comentario, es primordial recordar lo que hemos sufrido cuando se rompe el orden constitucional. Lo correcto es apoyar las reformas electorales que tiendan al reajuste de leyes constitucionales, pero no a nuestra Carta Magna.
Francisco García
O-16 47,580
Riesgos
La Alameda
A mediados de junio, fuertes lluvias derribaron varios árboles en la calzada La Alameda, que conduce al balneario Los Aposentos, Chimaltenango. Varias casas de esa localidad y aulas de la Escuela Normal Rural Pedro Molina fueron dañadas, y el tránsito de vehículos en la referida calzada quedó cerrado por varias horas. Como consecuencia de estos daños, la comuna chimalteca ordenó la tala de 200 árboles (cipreses) en la calzada.
De acuerdo con la información de Prensa Libre, del 30 de junio, titulada “Anulan riesgo”, la tala fue coordinada con autoridades del Instituto Nacional de Bosques, para evitar que los árboles ocasionen daños, por lo que la medida se considera de beneficio. Según la misma nota, el alcalde chimalteco informó de que, en varias ocasiones, algunos pobladores de ese sector advirtieron del peligro que representaban dichos árboles.
Entonces, si hubo advertencias previas, ¿por qué no se actuó oportunamente? ¿Por qué se esperó a que ocurrieran los daños? La calzada La Alameda está formada por altos cipreses que datan de los primeros años del siglo pasado. En la década de 1960, estudiantes de la escuela Pedro Molina plantamos muchos de esos árboles, que ahora constituyen un atractivo turístico. Sin embargo, ante el riesgo, se deben eliminar en coordinación con técnicos forestales que estudien la posibilidad de plantar nuevas especies de cipreses que no alcancen mucha altura, a fin de que la verde belleza de La Alameda no se convierta en una árida tira de asfalto rodeada de concreto.
Ese patrimonio natural debe conservarse, sobre todo ahora, que la comuna hace mejoras en el balneario Los Aposentos.
Esteban Us García
sagitario49@gmail.com
Tránsito
El subsidio
Según declaraciones de varios pilotos del transporte urbano, a ellos les corresponde comprar el combustible y los repuestos, así como pagar a los dueños una cuota por uso del autobús. ¿Será esto lícito? Entonces, ¿en qué invierten los empresarios el subsidio, si seguimos utilizando las mismas chatarras de hace años?
¿Por qué el Gobierno no obliga a los propietarios a comprar el combustible, repuestos y nuevas unidades? Por ser estos fondos provenientes del Estado, ¿no le corresponde a la Contraloría General de Cuentas fiscalizarlos? El Gobierno está en la obligación de informarnos de cómo se invierten nuestros impuestos; y, por lo que se ve, no lo hacen como es debido.
Sergio G. Contreras
sercontrebo@gmail.com
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