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Han pasado 15 años de la muerte de Juan Hernández Lima, y aún no se sabe cuáles fueron las causas reales de su muerte dentro del Reclusorio Preventivo de la Zona 18 y en dónde están sus restos. Para su madre, Graciela Lima, el largo proceso legal que lleva exigirle al Estado de Guatemala justicia por la muerte de su hijo ha sido un calvario.

Era 26 de abril de 1993. Hernández salió a trabajar y nunca más volvió. Después de varios días de incertidumbre, Lima comenzó a buscarlo en los lugares que frecuentaba y en hospitales. El 2 de mayo se acercó al Preventivo de la Zona 18, y allí le contaron que su hijo había sido detenido siete días antes, por riña callejera.

Unos Q20 tenía que pagar Hernández de multa por la trifulca, si quería salir libre, pero sus bolsas estaban vacías, y no pudo hacer el pago.

“Me dijeron que estaba ahí recluido, y que tenía que pagar Q50 para que saliera. Me fui a mi casa a buscarle comida, y el dinero para sacarlo, y cuando regresé me contaron que había muerto”, relata Lima.

Quince años después, esta madre no puede estar segura de si su hijo ingresó en la cárcel y murió allí, porque el Sistema Penitenciario no le ha dado ninguna constancia por escrito, ni de su ingreso ni de su defunción.

“Vaya a buscarlo entre los XX de La Verbena”, fue la recomendación de los guardias penitenciarios de la época.

En el Preventivo aseguran que Hernández murió a causa de un ataque de cólera y un edema cerebral, algo que su madre tampoco ha podido corroborar, porque se le ha negado el derecho a exhumar el cuerpo.

Solo le enseñaron fotografías de varias personas que fueron enterradas en aquel cementerio, pero Lima no fue capaz de identificar a su hijo, porque su rostro estaba totalmente desfigurado.

“He dilatado 15 años en esto, y lo que quiero es poder enterrar a mi hijo y hacerle una misa, para que descanse en paz. Por eso le exijo al Estado que me haga justicia”, refiere Lima.

Lucha incansable

Como si no fuera suficiente el dolor que le causa la pérdida de su hijo, también ha sido protagonista de un largo proceso legal, en el que se ha tenido que constituir como querellante del caso, para exigirle al Estado que se investigue la causa de la muerte de su hijo y se exhume el cuerpo.

En mayo de 1993, se abrió el proceso legal en el Juzgado Primero de Instancia Penal, para que se investigara el caso.

Tres meses después, Lima presentó una demanda en contra del Estado, por daños y perjuicios, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.

Pero la batalla legal no quedó ahí. Presentó también una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, a su vez, sugirió al Estado que se diera un proceso rápido y efectivo para indemnizarla.

En julio del 2002, el Juzgado Cuarto declaró sin lugar la demanda contra el Estado de Guatemala. Lima apeló esta sentencia, pero una sala de Apelaciones se la negó.

La madre no se conformó con este nuevo revés, y presentó un recurso de casación en la Corte de Apelaciones, el cual fue declarado con lugar, en febrero del 2005.

Finalmente, en septiembre del 2007, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil resolvió que se fijara el monto de daños y perjuicios que el Estado debía pagar como indemnización. Primera victoria parcial de Lima.

Después de ocho meses de retraso en la fijación del monto, este 11 de julio, debido a que la Procuraduría General de la Nación no presentó los peritajes necesarios, se anuló el pago de indemnización y se solicitó que el proceso volviera a comenzar. Un duro golpe después de 15 años de lucha.

Con la asesoría legal y gratuita que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales le brinda a Lima, ha podido llevar este largo proceso en el que no se ha evidenciado voluntad de parte de las autoridades por resolver el caso, pero Lima no sabe hasta cuándo le durarán las fuerzas para seguir peleando.