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Por ello no solo los sindicatos tienen mucha más capacidad de negociación y diálogo con este gobierno que con el anterior, sino que también están viendo cómo se multiplican, debido a la nueva política de agilización de autorizaciones.

Según el ministro de Trabajo, Édgar Rodríguez, en los seis meses del Gobierno se ha aprobado un mayor número de sindicatos que durante los períodos anteriores, debido a que antes se ponían más trabas, que nada tenían que ver con la normativa.

“Colom nos ha dado la instrucción de agilizar los trámites, ya que para la economía es importante tener una estructura sindical capacitada y profesional que contribuya con el país”, dijo.

De acuerdo con la Dirección General de Trabajo del ministerio, en lo que va del año han sido autorizados 34 sindicatos, aumentando progresivamente las autorizaciones cada mes.

Si se revisan las páginas del Diario de Centro América con atención, se puede corroborar este hecho. Durante abril fueron aprobados solo cuatro, en mayo subió a seis, y en junio, a 10. Eso sí, casi todos son agrupaciones pequeñas de la provincia, relacionadas con actividades agrarias o municipales, es decir, gremiales no empresariales.

Datos del Ministerio de Trabajo dan cuenta de que en el país existen mil 820 sindicatos de trabajadores autorizados, de los cuales solo 540 están activos, lo que significa que cambian sus juntas directivas, tienen asambleas y emiten algún tipo de comunicados periódicos.

De hecho la presión sindical en el país es muy pequeña, y las movilizaciones de las agrupaciones se reducen a la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajo, o a negociaciones que no buscan el beneficio común, sino el particular.

Sindicalizarse es un derecho básico para los trabajadores, garantizado por el artículo 34 de la Constitución y el Tratado Internacional del Trabajo. Este convenio, de 1948, fue ratificado por Guatemala en 1952, y la libre asociación se formuló como un derecho irrenunciable para los trabajadores en la Constitución Política de 1986.

El fortalecimiento de este derecho fue también un punto importante durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz en 1996.

Los requisitos para constituir un sindicato no son muchos: un mínimo de 20 personas, presentar una solicitud dirigida a la Dirección General de Trabajo, añadir original y copia del acta constitutiva, entregar el consentimiento escrito de los trabajadores fundadores, presentar copia del proyecto de estatutos, y completar el trámite con la copia del aviso dirigido a la Inspección General de Trabajo informando de la formación del sindicato.

Más nivel

“Nosotros buscamos una clase sindical más profesional y capacitada, porque este gobierno considera a los sindicatos el brazo social de la economía”, apuntó el ministro de Trabajo.

Rodríguez aseguró que en el ministerio se ha hecho un esfuerzo relevante por intermediar entre los patronos y los sindicatos, para que cualquier tipo de desavenencia se solucione de forma pacífica y que en el proceso de diálogo todos tengan oportunidad de exponer los pros y los contras de las medidas a tomar.

Los sindicatos son las únicas organizaciones de trabajadores reconocidas por ley. Solo ellos pueden negociar pactos colectivos y convocar a una huelga. A pesar de que todos los trabajadores se benefician del pacto colectivo, solamente los sindicalizados pagan cuotas de afiliación.

Respecto de las huelgas, cuando son declaradas legales, el propietario debe continuar pagando a sus empleados durante el tiempo que dure, y no se permite contratar a trabajadores adicionales para reemplazarlos. Los empleadores asumen en forma indefinida todos los costos de una huelga, siempre y cuando ésta sea legal y justa.

Incrédulos

Según Daniel Vásquez, de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), la supuesta apertura del Gobierno no es tan cierta. “Nosotros mantenemos la tesis de que en Guatemala sigue sin existir la libertad sindical, porque aunque se han venido aprobando sindicatos, la mayoría responden a campesinos independientes o comunidades, no a empresas”, expresó.

“Cuando trabajadores de empresas grandes constituyen sindicatos, automáticamente son despedidos o suspendidos en sus funciones; tenemos el caso de la empresa de Aguas Salvavidas o el de los trabajadores del Inacif, institución del Estado”, explicó.

Vásquez admitió que si bien los requisitos que pone el ministerio no son muchos, después se inventan tácticas dilatorias para no aprobar la constitución, como solicitar que se le cambie el nombre a la agrupación o demostrar que los trabajadores que firman los documentos saben leer y escribir, cuando la normativa solo establece que es obligatorio que dos de sus miembros sean alfabetas, pero no todos, ya que sería una clara discriminación para muchos trabajadores de las fincas.

Otro de las tácticas que Vásquez desaprueba es que el sindicato da aviso a la empresa de que existe un sindicato, algo que les permite la ley, pero añaden el listado completo de sus integrantes, lo que facilita las represalias.

Este tipo de prácticas son las que se supone que quiere extinguir el ministro de Trabajo de la UNE.

Desde el momento que se da aviso a la Inspección General de Trabajo, los sindicalistas gozan de inamovilidad hasta 60 día después de haberse constituido legalmente. Todos los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad mientras están dirigiendo la agrupación, y se extiende hasta 12 meses después de haber dejado sus funciones dentro del sindicato.

Diálogo

“Nosotros creemos que los sindicatos son fundamentales en los centro de trabajo, porque un empleado no puede enfrentar solo al patrono, pero también creemos que puede beneficiar en mucho al empresario si de verdad busca soluciones negociadas y pacíficas a los conflictos laborales, ya que les ahorra tiempo y les da certeza de cumplimiento”, añadió el líder sindical.

Entre las funciones esenciales de los sindicatos está velar porque se respete el salario mínimo, que las condiciones laborales sean las correctas o que se prevengan accidentes laborales.

Respecto de las personas que han malogrado la imagen de los sindicatos, por haberse visto involucradas en actos de corrupción o chantajes políticos, Vásquez aseguró que no se puede juzgar a todos por unos pocos.

“Dentro de los sindicatos va a haber algunos que quieran aprovecharse de su función para hacer cosas que riñan con lo establecido. Esto no quiere decir que el sindicato sea el malo, quiere decir que hay una persona en particular que está actuando mal”, afirmó.

Este podría ser el caso del líder sindical Nery Barrios, acusado de estafa, o Rigoberto Dueñas, vinculado al fraude al Seguro Social. Los sindicatos de las instituciones del Estado tienen una gran fuerza para evitar depuraciones de funcionarios corruptos, por ello casi todas las dependencias están emplazadas judicialmente.

Rolando Figueroa, de la Comisión Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), afirmó que es muy importante la labor de los sindicatos en el diálogo nacional, igual que la de los patronos.

“Necesitamos sindicatos fuertes, capacitados y renovados, que entiendan los nuevos parámetros económicos y las nuevas modalidades de empleo”, apuntó.

Figueroa no cree imprescindibles reformas al Código de Trabajo, solo hace falta garantizar la certeza jurídica para una u otra parte.

“Considero que es muy importante tener en cuenta los derechos de los trabajadores, pero también sus obligaciones, y tender al fortalecimiento de ambas garantías”, añadió Figueroa.