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Santa Cruz Barillas. La calma volvió a esta comunidad, tras los disturbios registrados el domingo recién pasado, luego de que pobladores señalaran a agentes de la PNC de no aplicar la ley durante un accidente de tránsito ocurrido ese día.

El gobernador departamental, Rudy Cardona, informó que ese día dos de los cinco policías asignados en la localidad fueron vapuleados por una turba de la aldea Nucá y luego fueron rescatados por integrantes de la Junta Local de Seguridad, que los evacuaron por la ruta de Playa Grande hacia Cobán, Alta Verapaz.

Los inconformes señalaron a los agentes Walfre Leonel Camposeco, Ovidio Feliciano Hernández y Edwin Arturo Cuéllar Pérez de haber colocado un puesto de control en El Pedregal, donde causaron un accidente de tránsito en el cual murió Gaspar Andrés, de 47 años, y otras 18 personas resultaron heridas.

La turba la emprendió contra el oficial tercero, Mauro Israel Carrillo del Valle, y el agente Edwin Arturo Cuéllar Pérez, a quienes agredieron con piedras, palos y objetos contundentes.

Asimismo, incendiaron un autopatrulla y causaron destrozos en la subestación policial ubicada en la 3a. calle y 8a. avenida de la zona 1 de Santa Cruz Barillas.

Abren diálogo

Luego de lo ocurrido, una comisión, integrada por delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), la Red Departamental de Atención a Conflictos y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dialogó con vecinos de las comunidades El Quetzal y Nucá que amenazaban con quemar el edificio municipal.

Al final, acordaron que la Policía permanecerá durante 15 días en San Mateo Ixtatán y la comuna reparará la subestación. Este es el séptimo municipio de Huehuetenango que se queda sin seguridad.

Es un retiro parcial

Según la comisión, se asignarán 14 agentes y se pidió un grupo de 10 soldados para que apoyen a la Policía Nacional Civil (PNC) en sus tareas de vigilancia.

“Estarán sin seguridad de forma momentánea. Esperamos que los agentes sean reinstalados”, afirmó René Mérida, integrante de la comisión negociadora.

Érick Villatoro, de la PDH, dijo que acciones de esta naturaleza ocasionan ingobernabilidad.

Según él, se conocieron tres versiones de los hechos que ocasionaron disturbios. La primera, que dos policías pusieron un retén en la aldea El Quetzal, marcaron el alto a Diego Rubén Pascual, conductor de un bus, quien no portaba licencia de conducir, por lo que uno de los agentes le pidió Q500.

Cuando Pascual se disponía a continuar su marcha, otro agente le exigió Q500 más. Pascual se negó, por lo que el policía lo sacó a la fuerza del autobús, el cual, al quedarse sin freno de mano, se precipitó al barranco.

Otra versión dice que la inexperiencia del piloto causó que éste no tomara las precauciones en el momento de estacionar el vehículo y, cuando la PNC revisaba los documentos del autobús, éste se fue al abismo.

La tercera es que el piloto conversaba con uno de los agentes, un policía dijo al ayudante que ya estaba listo, y éste retiró la cuña sin el conductor dentro del autobús.

“Las tres son hipótesis que se manejan y deberán ser confirmadas para determinar la veracidad de los hechos”, afirmó Cardona.

El representante de la Copredeh, Byron Herrera, dijo que se tiene previsto para el próximo 6 de agosto reinstalar siete agentes de la PNC y cinco soldados para prestar vigilancia en la población y evitar actos de corrupción que generen estallidos sociales.

Departamento sin ley

Según registros estadísticos, Huehuetenango es uno de los departamentos de Guatemala donde la PNC ha tenido más problemas.

Solo el año recién pasado nueve comunidades se quedaron sin vigilancia policial, pues las subestaciones fueron cerradas, debido a que pobladores amenazaban con quemar a los agentes.