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Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, formuló ayer duras críticas contra el Parlamento Europeo, luego de la aprobación de la normativa que permite las deportaciones de indocumentados. El funcionario afirmó que Europa exige a Latinoamérica que cumpla en materia de derechos humanos, cuando ellos no lo hacen con los migrantes.

Morales reiteró ayer su rechazo a la aprobación de la Directiva Retorno, que establece que los migrantes que no tengan documentos pueden ser detenidos y deportados de Europa.

“Creo que el migrante es una persona que merece un trato adecuado, y no como un desechable”, afirmó el Procurador.

Añadió: “Creo que, con esa medida, los europeos se olvidan de que ellos también fueron migrantes, y han venido desde hace mucho tiempo a América, cuando tenían necesidades; ahora, no veo por qué no podamos ir allá”.

El Procurador consideró que algunos de esos países han generado las condiciones de pobreza, al regular los precios y subsidiar su producción. A eso se suma que ahora se niegan a dar oportunidad a los más necesitados con ganas de vivir mejor, expuso.

“Los europeos manejan una doble moral, porque piden que se cumplan los derechos humanos en Guatemala y en toda América Latina, pero cuando ellos tienen que respetar los derechos de los migrantes o cuando tienen que evitar discriminaciones, se olvidan de todo ello”, se lamentó el funcionario.

Solicita respuesta

Al ser consultado sobre si se debería aplicar reciprocidad, Morales expresó: “Creo que la Cancillería tiene la obligación de tomar acciones que permitan que a nuestros migrantes se les trate con dignidad y de forma igualitaria, porque no es posible seguir con políticas de puertas abiertas y que no se observen barreras”.

Pero hizo énfasis en que no se debe aplicar “reciprocidad, porque se tiene que ser propositivo y buscar que los connacionales estén mejor allá, y no perjudicar a los europeos aquí; de otra forma, ambos lados pierden”.

La Directiva Retorno fue aprobada el miércoles último por el Parlamento Europeo, y entrará en vigencia en el 2010.

Esa norma establece que las personas que no tengan documentos migratorios pueden ser detenidas hasta 18 meses, y luego ser deportados.

La medida, además de la deportación, incluye prohibición de reingreso en la Unión Europea por un período máximo de cinco años, que se puede ampliar en caso de que se considere que el afectado es una amenaza para la seguridad interna de los países.

La aprobación de esa norma se logró después de dos años de debate, aunque numerosas organizaciones sociales de Europa la han rechazado; no obstante, la oposición fue avalada con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

Según la Cancillería, en la Unión Europea residen unos 20 mil guatemaltecos.