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La Comisión legislativa de Gobernación está cerca de dictaminar a favor de una nueva iniciativa de ley sobre armas y municiones, que —en opinión de algunos— constituye un “retroceso”, respecto de la propuesta anterior, que fue aprobada en tercera lectura, pero descartada porque se han presentado más de 80 enmiendas para ella.

La idea de esa comisión era redactar un nuevo proyecto, que incluyera las enmiendas propuestas al anterior por diferentes bancadas, y así agilizar su aprobación, urgida por distintos sectores sociales.

Aunque esa ley endurecería las penas para quienes porten armas o municiones ilegales, y tipifica nuevos delitos en la materia, hay quienes opinan que con la nueva iniciativa se da marcha atrás a consensos alcanzados.

Uno de esos acuerdos consistía en limitar el número de armas permitidas por persona. Sin embargo, ahora no hay restricción, ya que solo se requiere obtener una licencia por cada tres armas que se quiera portar, sin límites respecto de cuántas licencias se podría otorgar a una persona.

Luis Mendoza, presidente de la Sala de Gobernación (UNE), explicó que, de fijar límites, se violaría el derecho constitucional a portar armas de fuego. “Vamos como el cangrejo: para atrás”, afirmó Mario Taracena, jefe del bloque oficial. “Una cosa es el derecho a tener un arma para defenderse, y otra es que se permita poseer un arsenal”, criticó.

La nueva propuesta también amplía el número de municiones permitidas por arma. En el 2005, la iniciativa autorizaba adquirir 200 unidades mensuales, pero el nuevo proyecto da libertad para obtener hasta mil por semana. Pero ese detalle, al igual que el número de armas, “aún debe afinarse”, enfatizó Óscar Córdova, del Partido Patriota, e integrante de la citada comisión, quien está a favor de más restricciones.

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), creada por esta ley, y que se pretendía estuviera en manos del Ministerio de Gobernación, quedará en el de Defensa —que actualmente tiene esa atribución.

“Gobernación no está preparado para recibir esa carga; si le ponemos más tareas, no podrá cumplir con ninguna”, argumentó Mendoza, también ex director del Departamento de Control de Armas y Municiones, y resaltó que hasta ahora el Ministerio de la Defensa “ha mantenido buen control de las armas, sin perder ninguna de las decomisadas”.

Aseguró que quienes se oponen a esa decisión lo hacen por “cuestiones ideológicas”.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, difirió de ese argumento. “Quien está viendo micos aparejados es él, que pone de excusa lo ideológico, en vez de comprender que el control de las armas ya no es cuestión exclusiva de los militares, sino un asunto de seguridad, y que el ente rector en esa materia es Gobernación”, aseveró.

Lamentó que la nueva iniciativa “está peor que las anteriores”, e hizo un llamado a los legisladores, para “no dejarse sorprender por argumentos absurdos, que lo único que buscan es que ex militares, convertidos en comerciantes de armas y municiones, resulten beneficiados”.