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¿A qué dedican su tiempo los 15 mil 500 efectivos del Ejército de Guatemala? Esta es una pregunta difícil de responder, debido al hermetismo que rodea a la institución castrense y a la falta de atribuciones específicas que tiene en estos momentos.

El debate sobre en qué debe participar o no la milicia es permanente, pero lo que parece haberse hecho crónico ya es falta de rumbo. Cada presidente ha ideado funciones nuevas para los soldados, las que a largo plazo se ha demostrado que son poco eficaces.

“Todo lo que el Ejército hace es suponer lo que tiene que hacer, porque nadie, ni siquiera el presidente, se lo ha dicho, por lo tanto estamos ante una omisión de los poderes públicos”, afirmó Pedro Trujillo, analista militar.

Óscar Berger dio vía libre a la incorporación de los soldados en tareas de seguridad ciudadana, que, en teoría, le corresponden a la Policía. Aparte de las opiniones encontradas al respecto, la realidad es que los militares no pueden detener, ni investigar, ni rescatar a nadie, porque no tienen potestad legal para ello, aunque la Constitución los faculte para intervenir en la seguridad interna. Por ello, su presencia en los patrullajes no deja de ser un tema de manipulación de la percepción ciudadana, más que de efectividad.

También durante el gobierno de Berger un grupo de militares fue enviado a Petén para contribuir con la lucha contra el narcotráfico. Lo máximo que ha llegado a conseguir este grupo es identificar dónde fueron abandonadas las aeronaves con droga, pues no ha habido detenciones ni operativos para incautar alijos.

Otra de las atribuciones que se les otorgaron fue la de guardianes de los recursos naturales, también en el área del norte, pero las estadísticas hablan por sí solas. La depredación en áreas como la Laguna del Tigre continúa, con o sin soldados cerca.

Finalmente, la última opción por la que el presidente Álvaro Colom afirmó apostar fue la de enviarlos a los corredores de la droga, para vigilar los pasos del narco, quizá queriendo emular a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. De momento este plan tampoco se ha ejecutado.

Por lo que ningún presidente ha optado todavía es por enviarlos a que vigilen las fronteras y las costas, algo que parece concordar más con su mandato constitucional.

De acuerdo con Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia (Sedem), antes de asignarle una función de responsabilidad al Ejército debe llevarse a cabo una depuración, sobre todo entre los altos mandos, para garantizar que la institución no esté infiltrada por el crimen organizado.

Estado de la fuerza

Según un informe elaborado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina en el 2007, en el que se comparan las estructuras y asignaciones de los ejércitos del continente, el guatemalteco tiene 15 mil 500 efectivos. En la fuerza de tierra están asignados 13 mil 551, de los que un tercio son altos mandos y dos tercios, soldados rasos.

En el caso de la fuerza naval —928 miembros—, prácticamente la mitad es oficialidad, y la otra mitad, tropa, patrón que se repite en la fuerza aérea —mil 21 integrantes—.

Datos del Ministerio de la Defensa establecen que el 58 por ciento de sus integrantes son soldados; 24 por ciento, especialistas; 14 por ciento, oficiales; 2 por ciento, oficiales asimilados, y 2 por ciento restante, cadetes.

Estas cifras demuestran que se está empezando a descompensar la balanza, y que cada vez son más los altos mandos y menos los soldados. En gran parte esto se debe a que cuando se dio la reducción del Ejército, en el 2004, pasando la fuerza de 27 mil elementos a 15 mil 500, de los 11 mil 700 dados de baja, seis mil 683 eran soldados rasos.

Eso sí, tres mil de ellos volvieron a ser recontratados cuando se constituyeron las fuerzas de patrullaje combinado, algo que el Ejército pone como excusa para exigirle al Ministerio de Gobernación que se haga cargo de sus sueldos. Otros 352 militares participan en el resguardo perimetral de las cárceles, debido a la falta de personal en el Sistema Penitenciario.

Este año, Gobernación transfirió a Defensa Q20 millones para este propósito, pero la institución castrense asegura que hacen falta Q100 millones más.

En este momento están en funcionamiento 45 destacamentos militares, cinco resguardos, 10 apostaderos navales y cinco áreas de entrenamiento, donde gran parte de los castrenses pasan su tiempo entrenándose.

La mayor presencia de destacamentos se da en Petén y en San Marcos, donde el paso de cargamentos de droga es más habitual.

Una atribución que cada vez es más común en América Latina es que los soldados se dediquen a la ayuda en casos de desastres naturales. En Guatemala es poco usual ver a soldados abriendo zanjas, despejando un área donde hubo deslave o trasladando damnificados por un huracán. A lo máximo que llegan es a enviar helicópteros con ayuda, eso sí, cuando el presidente se los exige.

Relevo constante

Otro de los problemas a los que se enfrenta la institución es que el ministro no suele ejercer mayor liderazgo o representar cambios sustanciales. De hecho no dura, en promedio, más de un año y cuatro meses en el puesto. La reformulación de las funciones y el papel político que debe jugar el ministro de la Defensa también es una de las demandas de la sociedad civil, que choca de frente con la legislación nacional.

Para modificar el perfil profesional del ministro, los fines del Ejército y poder otorgarles el derecho a votar a los militares en activo, se tendrían que reformar por lo menos tres artículos de la Constitución.

En los últimos años, en toda América Latina ha habido avances para ir incorporando a civiles en los ministerios de Defensa; de hecho, El Salvador y Guatemala son los únicos países que nunca han tenido un ministro civil, a pesar de que ambos ejércitos han sido duramente criticados por sus prácticas represivas.

En el otro extremo se encuentra Colombia, donde la Policía depende del Ministerio de Defensa, y los soldados están totalmente volcados en la seguridad interna, debido a la interminable lucha contra la guerrilla de las FARC.

Servicio de seguridad privada

Una de las críticas que las organizaciones de seguridad civil han vertido sobre el Ejército es que todos sus servicios “extra” los cobra como si fuese una empresa de seguridad privada.

“Los ingenieros del Ejército cobran por colocar los puentes cuando se caen, o por asesorar; los médicos cobran por dar servicios de salud, y la escuela Kaibil cobra por capacitación; todo eso va a fondos privativos que nunca se reportan”, comentó Iduvina Hernández, de Sedem.

Asimismo, el Ejército se queja de que no se ha cumplido lo estipulado en los acuerdos de paz, que establecen que les corresponde 0.66 por ciento del PIB, y no 0.48 por ciento, como reciben en la actualidad.

Lo que no dicen es que, aunque el número de efectivos se redujo, el presupuesto de la institución se ha incrementado cada año. Cuando tenía 27 mil efectivos era de Q950 millones, y ahora que tiene 15 mil es de Q1 mil 360 millones.

Según el vocero del Ejército, coronel Jorge Ortega, la institución recibe mucho menos de lo que consta en las asignaciones de Finanzas, debido a que existe “una partida virtual de Q283 millones para modernización que nunca llegó”.

Lo que sí les han dado son Q70 millones para invertir en las misiones de paz, a las que apenas están asignados 242 elementos.

Según el Atlas de Seguridad y Defensa, el Ejército destina el 57.41 por ciento de su presupuesto al gasto en personal, incluidos retiros y pensiones. El mismo informe reporta que Defensa recibe 3.14 por ciento del presupuesto nacional, más de lo que perciben las mismas instituciones en México, El Salvador, Nicaragua, Paraguay o Brasil.